La penúltima, la negativa total de los independentistas a cumplir con la resolución judicial, con el pronunciamiento que obliga a facilitar un 25% al menos de la educación en español, se lleva a cabo a sabiendas de que saldrá gratis a quienes de manera repugnante la promueven.
Odian la libertad, odian la convivencia, viven de espaldas al uso de razón… pero prosiguen su camino loco porque descuentan la cobardía irresponsable, negligente, culposa del gobierno de España, que ni actúa como tal ni se le espera.
Y así, es decepcionante no sólo que el tipo que ha relevado a Puigdemont y a otros de la misma calaña vaya a quedar impune, sino que lo vaya a hacer el primer responsable en nuestro país de cumplir y hacer cumplir la ley: sin favoritismos, sin dobles raseros, con vergüenza torera, sin pobreza de espíritu ni miseria moral.
El hecho de que España vaya paso a paso convirtiéndose en muchos aspectos de su política, y en elementos puramente institucionales, en un país atrasado deriva de eso: de la inexistencia del imperio de la ley, de la falta de herramientas (¡y de voluntad!) para reaccionar de los ciudadanos que son atropellados y aplastados por estos botarates con barretina. Una y otra vez.
Cuando no hay poderes en el Estado que combatan estas formas penosas de corrupción, que neutralicen y procedan contra estos delitos y quienes con extrema vileza los impulsan, ese Estado no es merecedor de tal nombre. Porque ni está presente, ni se hace efectivo, ni garantiza la prevalencia de las normas fundamentales en una parte de su territorio.
No sólo eso. Más allá de la ruindad del gobierno de nación en su timorata y pusilánime actitud, una parte de la responsabilidad, no menor, recae sobre una oposición que viene y va, pero que ni defiende, ni ataca... ni anota.
Si (
No(
