“Revisando las cifras del CGPJ observamos como las demandas de disoluciones matrimoniales no se redujeron prácticamente. Antes de la llegada de la COVID-19 los datos parecían ir a la baja, sin embargo, en 2020 el paradigma cambió por completo. Las tensiones empezaron a florecer en diversos núcleos familiares, llegando, en algunos casos, a acabar no solo en divorcios o separaciones, sino en casos de abuso en el hogar y violencia doméstica”, detalla Arbiol.
Entrando en datos concretos en función del tipo de separación, esta problemática se ve reflejada en las demandas de divorcio no consensuadas, las cuales, a diferencia del resto, experimentaron una subida del 2,2% en el primer tramo del año respecto a 2021.
Una tendencia al alza por la pandemia
Por Comunidades Autónomas, aquellas zonas donde hubo mayor número de disoluciones por cada 100.000 habitantes fueron las Islas Canarias (63,1), la Comunidad Valenciana (58,2) y la Región de Murcia (57,2), a las que le siguen, también por encima de las 50, Andalucía, las Islas Baleares, Cataluña y el Principado de Asturias.
“Con los confinamientos domiciliarios, y en especial los primeros”, alega la experta, “las parejas se vieron obligadas a pasar mucho tiempo juntas en casa y se percataron, a grandes rasgos, de una serie de comportamientos que les sirvieron para comprender que sus uniones matrimoniales no eran tan compatibles como pensaban”.