La ley durmió el sueño de los justos durante 14 meses, hasta su aprobación por el Congreso el pasado 27 de abril, a poco más de un mes de las elecciones autonómicas y municipales del 28M, lo que da una idea de su marcado tinte electoralista y populista, siendo aprobada por la mínima: 176 votos a favor, 167 en contra y 1 abstención. En el Senado no fue mucho mejor: 134 votos a favor, 117 en contra y 1 abstención, solo fue votada a favor por los dos partidos de izquierda que componen el Gobierno, PSOE y UP, más los partidos independentistas radicales ERC, EH Bildu e Izquierda Confederal, votando en contra todos los demás partidos del arco parlamentario: PP, VOX, Cs, UPN, PNV y JpC.
Nace así otra ley que divide por mitad a sus defensores y a sus detractores, a los españoles, en definitiva.
Una ley que contiene numerosos preceptos presuntamente inconstitucionales, por invadir competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE (obligando a un proceso de conciliación e intermediación extrajudicial a los grandes tenedores en caso de conflicto con personas en situación de vulnerabilidad), que vulnera el derecho a la propiedad privada reconocido en el art.33 CE (limitando la libre capacidad de negociación entre las partes), que conculca el derecho a la no discriminación del art. 14 CE (igualdad ante la ley sin discriminación por cualquier circunstancia personal o social, que es la que se hace con los denominados grandes tenedores), que deriva a los particulares la obligación de resolver los incumplimientos de las AAPP (ofrecer una vivienda a los que la necesitan), con prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento, dificultando el desahucio de los inquiocupas (ocupantes con título pero que incumplen sus obligaciones, por impago de las rentas adeudadas) y, en fin, que protege al okupa (ocupante sin título que le habilite para ocupar la vivienda) frente al legitimo propietario y/o poseedor, al que se le obliga a acreditar determinadas circunstancias de su legítimo título para poder recuperar la posesión, cuando no le se piden al ocupante ilegítimo.
Aún más, la nota de prensa difundida por la Moncloa no duda al decir que la nueva ley tiene por objeto "asegurar y reforzar el quinto pilar del Estado del Bienestar", pretendiendo considerar el derecho a la vivienda como un derecho fundamental de los reconocidos en el Titulo I de la CE, cuando el art. 47 de la misma, aquél que declara el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, es tan solo uno de los principios rectores de la política social y económica, incluidos en el Capítulo Tercero. Por tanto, se pretende modificar la CE por la puerta de atrás, sin cumplir el procedimiento establecido en la misma (Título X. De la reforma constitucional, art. 166 a 169), que exige mayorías reforzadas, con disolución de las Cámaras y sometimiento a referéndum y posterior votación por las nuevas Cámaras elegidas.
Son varias las CCAA que ya han manifestado su decisión de interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, además de no aplicar en el ámbito de las competencias exclusivas en sus territorios muchos de los preceptos incluidos, como sería la declaración de zonas tensionadas.
Pero el daño ya está hecho: si en 2022, coincidiendo con la entrada del proyecto de ley en el Congreso, comenzaron a retirarse viviendas del mercado de alquiler (se estima que ha podido retirarse hasta un 30 por cien de la oferta total), ahora con su aprobación definitiva ha comenzado la desbandada general, y son numerosos los propietarios que han comenzado a estudiar posibles alternativas para evitar los graves daños que les ocasionará la ley. Pequeños propietarios en su mayoría, con una vivienda en alquiler que constituye su fondo de pensiones acumulado tras 40 o 50 años de sacrificio, que utilizan la vivienda en alquiler para complementar sus exiguas pensiones de jubilación y mantener así un nivel de vida mínimamente digno.
Pero no son los únicos: los inversores hace tiempo que paralizaron su actividad de desarrollo de nuevas viviendas en régimen de alquiler (build to rent) a la espera de ver como resultaba el texto definitivo de la nueva ley. Ahora son numerosos los que se han planteado su salida del mercado de alquiler español, deshaciéndose de sus portfolios de vivienda o transformando las viviendas destinadas al alquiler como vivienda habitual en viviendas de temporada o viviendas de uso turístico, aprovechando la recuperación del turismo finalizada la pandemia.
Decíamos en el título que la vivienda es el problema, cuando debería ser parte de la solución: el sector de la construcción es un dinamizador de la actividad económica y del empleo en todos los países, y el nuestro no es una excepción. La contribución del sector de la construcción al PIB español, en 2005, antes de la burbuja inmobiliaria, ascendía al 10,4%, mientras que en 2021 apenas representó el 5%, menos de la mitad. De igual forma ha evolucionado el peso que tiene el sector de la construcción en el número total de empleados: de representar el 12% del total de empleados en 2007, a poco más del 5% en la actualidad.
Si se utilizasen políticas adecuadas destinadas a incentivar la construcción de viviendas, no solo podría resolverse el grave problema de acceso a la vivienda que tiene hoy el conjunto de la población española, especialmente los jóvenes, sino también lograr un crecimiento más sólido y estable del PIB y del empleo. Pero eso lo dejaremos para un próximo artículo.
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