Por tanto, como ese acuerdo no existe, le ha sido muy fácil a Sánchez responder y decirle que no accede a la reunión que le proponía Feijoo, y que basta con aplicar el artículo 99 de la Constitución que establece que para elegir al Presidente del Gobierno basta con mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en la segunda. Ha rematado su respuesta indicándole que “una vez designado el candidato propuesto por el Jefe del Estado, estaré encantado de reunirme con usted, así como con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios”
¿Qué le queda a Feijoo? La oportunidad de proponer, como servicio a España, un Gobierno de Concentración Nacional, lo que incluye incluso la posibilidad probable de que el presidente fuera Sánchez, pero con unas líneas rojas que dejarían claro el enfoque nacional que Feijoo propugna y a la vez liberaría a Sánchez del chantaje de los independentistas y los filoetarras.
Como líneas rojas constitucionales para formar ese Gobierno de Concentración podría señalar las siguientes:
Primero: La democracia española tiene su legitimidad en la Constitución de 1978, la cual se forjó sobre la base de la Reconciliación que inspiró a la Transición. Ese espíritu de cesiones mutuas y de superación de la Guerra Civil es incompatible con las Leyes de Memoria Histórica y Democrática, nacional y autonómicas, que deben ser derogadas. O, en su defecto, suspender su aplicación hasta unas futuras elecciones.
Segundo: Es necesario afirmar el Estado de Derecho, lo cual exige la separación de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La necesidad más inmediata es lograr la independencia del Poder Judicial lo que requiere que la elección del Consejo General del Poder Judicial se realice, como se hizo al principio de nuestra Constitución, permitiendo que doce de sus miembros sean elegidos, por los miembros del Poder Judicial, “entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales”, “cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”
Además, como garantía de la plena independencia del Poder Judicial se deberían evitar las puertas giratorias que permiten a Jueces y Fiscales ser nombrados para puestos del Ejecutivo (Ministros, Secretarios de Estado, Consejeros, Directores Generales) y luego reingresar en la carrera judicial o fiscal, obviamente con el marchamo de su conexión con el partido que los nombró para esos puestos.
Tercero: Es necesario buscar fórmulas para evitar la dependencia en que se haya el Poder Legislativo del Ejecutivo, ya que es este quien hace las listas para las elecciones. En esa línea de separación sería conveniente que el Presidente del Gobierno, Presidentes de Autonomías y Alcaldes, que son el Ejecutivo, fueran elegidos directamente por el pueblo, lo cual ayudaría a romper la correa de trasmisión entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Cuarto: Hay que enfatizar que, como establece el artículo 1CE, la soberanía del pueblo español es el elemento clave de nuestra democracia, que no debe bajo ningún concepto fragmentarse en 17 soberanías autonómicas.
Quinto: Debe reafirmarse lo que de forma literal defiende el articulo 2CE que establece que “la Constitución se fundamenta en la unidad indisoluble de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Si se rompiera la unidad, que es lo que fundamenta la Constitución, habría que volver a iniciar la partida concluida en 1978 y redactar una nueva.
Sexto: Debe reafirmarse el papel de la lengua como común y propia de todos los españoles como establece el artículo 3CE “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
En esta línea debe proponerse que se adopte, como política de Estado, la norma que incluía la República española de 1931 en el artículo 50 de su Constitución, “Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en castellano”
Séptimo: Los contenidos educativos deben considerarse competencia del Estado a fin de evitar que existan 17 Historias o Geografías diferentes, lo que no impide que en cada región puedan incluirse los correspondientes anexos regionales.
Octavo: La política exterior es competencia exclusiva del gobierno de la nación por lo que todas las representaciones en el extranjero deben estar sometidas a las correspondientes embajadas de España, tanto en sus actividades como en los símbolos que ostentan. Deben reforzarse los lazos con todos los países iberoamericanos, así como lo vínculos de amistad y cooperación con los países vecinos del norte de África.
Noveno: Deben realizarse políticas de integración nacional, en particular un Plan Hidrológico Nacional, así como amplios Planes de Reforestación, con la finalidad de lograr un aprovechamiento óptimo de los recursos y la promoción del desarrollo de la España Vaciada.
Asimismo, la política económica debe acordar pactos de Estado sobre el tema de Pensiones, reducción de la Deuda y del Déficit Público.
Decimo: Debe acordarse una política de regulación de la inmigración consensuada con Europa, así como una atención especial a la asistencia e inserción cultural de los inmigrantes ya instalados en España, con especial apertura a los inmigrantes iberoamericanos.
Es de imaginar que estas líneas serían aceptables por una gran mayoría de socialistas, así como por los votantes de centro derecha y por los electores de partidos no independentistas.
¿Qué ganaría Feijoo y el PP con ello? En primer lugar, dejaría clara su postura ante temas indudablemente constitucionales y en segundo lugar facilitaría el acercamiento a VOX, que es el tercer partido del Congreso.
También es cierto que, si Feijoo no se atreviera hacer esa propuesta cabria que Abascal, que sabe que no puede ser candidato a presidente, la hiciera en aras de colaborar a clarificar las ambigüedades en las que se mueve la política española en temas de Estado y de su apoyo pleno a la Constitución vigente.
Si (
No(
