Henri Dunant o los sepulcros blanqueados llenos de inmundicia en su interior (y II)

Precisamente sobre esas conversaciones protagonizadas por hombres anónimos foráneos, en la clandestinidad, vale la pena seguir levantando acta de un puñado de cuestiones medulares y trascendentes, en la esperanza incluso de que lleguen, más pronto que tarde, a sede judicial:

1. ¿Van a certificar estos relatores anónimos y extranjeros el fraude de ley que representa apelar a la falsa concordia de las instituciones en España en relación a los innumerables, graves y continuados delitos de los golpistas catalanes?
2. ¿Van a certificar estos relatores anónimos y extranjeros, y por tanto a validar, que en España se aprueben normas que persiguen resultados prohibidos por el ordenamiento jurídico o contrarios al mismo?
3. ¿Van a certificar estos relatores anónimos y extranjeros, y por tanto a validar, la usurpación de atribuciones judiciales precisamente a fiscales, jueces y magistrados que han actuado, conforme a Derecho, contra los golpistas catalanes?
4. ¿Van a certificar estos relatores anónimos y extranjeros, y por tanto a validar, que en España se desautoricen, se agreda y se dejen sin efecto sentencias del Tribunal Supremo?
5. ¿Van a certificar estos relatores anónimos y extranjeros, y por tanto a validar, que se anulen las órdenes de búsqueda y captura dictadas por magistrados como Pablo Llanera sobre forajidos como Puigdemont?
6. ¿Van a certificar estos relatores anónimos y extranjeros, y por tanto a validar, que se desautoricen y dejen sin efecto los juicios contra los delincuentes económicos catalanes condenados por malversar dinero de todos los españoles, del que hasta hoy no se ha repuesto ni un céntimo por los ladrones?
7. ¿Van a certificar estos relatores anónimos y extranjeros, y por tanto a validar, que se desautoricen y dejen sin efecto los procesos por terrorismo contra organizaciones indiciariamente criminales como los ‘CDR’ y el autodenominado ‘Tsunami Democrático’?
8. ¿Van a certificar estos relatores anónimos y extranjeros, y por tanto a validar, que se vulnere el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley (Artículo 14 CE) y el principio de separación de poderes (Artículo 117 CE)?
9. Más importante, ¿quiénes diablos son estos relatores anónimos y extranjeros, abrigadores y colaboradores del delito de fraude de ley -entre otros- para invadir y violar la integridad de la potestad jurisdiccional que establece el Estado social y democrático de Derecho en España?
10. Y, por último, y aún más importante: ¿existirán resortes en la complaciente España o en la dormida Europa para iniciar un proceso precisamente frente a la banda de cuatreros que han incoado una causa general contra el Poder Judicial, criminalizándolo en defensa de los bandidos a los que nunca se debió sacar de la cárcel? ¿Reaccionará España? ¿Despertará Europa?