El pastiche jurídico fraguado por Sánchez y defendido histriónicamente por el ministro Bolaños, consagra la mayor ignominia legislativa de la democracia que, lejos de ser un referente mundial, se convertirá en el gran fiasco para continuar amparando los delitos y la impunidad del separatismo catalán que ya se permite amenazar a los jueces: “Veremos si hay alguno dispuesto a prevaricar”.
De Dencás a Puigdemont, la historia se repite
Si en 1934 fue un conseller del gobierno catalán, Josep Dencás, quien conseguía huir por las alcantarillas para eludir su imputación, el principal favorecido por un nuevo perdón, Puigdemont, conseguirá la absolución política después de fugarse escondido en el maletero de un coche y refugiarse en el corazón de Europa junto a cinco de sus consejeros. Todos ellos, además de centenares de imputados y sentenciados por las revueltas que incendiaron la capital catalana como culminación del denominado procés, podrán eludir la justicia con una norma exigida y redactada por los propios partidos independentistas, y acatada por el gobierno de Pedro Sánchez. Psoe, Junts y ERC -con el beneplácito de Sumar, PNV, Bildu y Podemos-, han conseguido sellar la norma por la que los delitos de terrorismo y traición solo serán amnistiables en sus modalidades más graves, según los estándares europeos e internacionales en los que se referencia la norma.
Ley de impunidad
La cobertura de la “ley de impunidad”, al decir de la oposición de PP y VOX, ampara los hechos delictivos cometidos durante 12 años -de 2011 a 2023-, cuando “comenzó a desarrollarse el proceso independentista", incluyendo bajo el paraguas de la amnistía las reuniones de la cúpula de Convergència para poner en marcha la consulta ilegal del 9-N de 2014, en las que participaron tres hijos del ex presidente, Jordi Pujol: Jordi, Oriol y Josep.
Para que nada quede, incluye también a los 35 encausados de malversación y desvío de fondos por el Tribunal de Cuentas -12.5 millones-, además de devolver las multas impuestas por los cuerpos policiales en manifestaciones, acciones de protesta o la propia celebración del 1-O al amparo de la ley de seguridad. El perdón de estas infracciones sólo se exceptuará cuando hayan sido "muy graves".
La medida de gracia que rechaza la mitad del parlamento, buena parte de la judicatura y una amplia mayoría social, está a punto de borrar todos los delitos cometidos antes y durante la celebración del referéndum ilegal, incluida la malversación y corrupción. La estrategia legislativa del gobierno le lleva al extremo de justificar la norma como elemento para conseguir la “normalización institucional, política y social en Cataluña”, soslayando la profunda división ciudadana que la refuta en un 60% de encuestados -según el barómetro de 40dB de diciembre de 2013- al considerarla “injusta” y suponer “un privilegio” para los encausados, además de obtener solo el apoyo en Cataluña y Euskadi, y entre los votantes nacionalistas y de Sumar.
Supervivencia de Sanchez y vuelta de Puigdemont
Entre tanto, el presidente y su corifeo de ministros presumen de tener ‘todo el tiempo del mundo’ para permanecer atrincherados en la Moncloa y concluir los tres años y medio que restan de Legislatura, mientras sus socios independentistas proclaman tanto en público como en privado que “a aquí no les guste, que se fastidien”. El presidente fugado de la Generalitat prepara su vuelta a Cataluña al filo del verano, “si no hay ningún infortunio”, con el aviso de “continuar” el procés, anticipando un chantaje permanente mientras dure la legislatura. En su regreso estará acompañado de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los ex consellers Lluís Puig y Toni Comín, que todavía deberán esperar tres largos meses el rechazo de la norma en el Senado y su vuelta a la cámara baja para su refrendo final. El último paso será la aplicación de la norma por parte de jueces.
El PP promete “combatir la ley” en los tribunales
El Partido Popular combatirá el acuerdo para la ley de amnistía “en las instituciones y en los propios tribunales”. El principal partido del Parlamento “no acepta la humillación” de un pacto por el que el PSOE propicia el “perdón de España al independentismo” por orden Sánchez. Según Feijóo, se trata de un pacto “corrupto” para que Sánchez siga en el poder y la prueba de que el jefe del Ejecutivo acepta que durante un periodo de tiempo concreto en Cataluña no había leyes que cumplir, ni ahora “sentencias que aplicar”.
Del Sinodal al lodazal, con presupuestos y salario de sus señorías
Así como el Sinodal de Aguilafuente quedó para la historia como el primer incunable -impreso, para los legos de nuestra lengua castellana-, cinco siglos después, tanto la amnistía como los escándalos de corrupción del PSOE quedarán como sinónimos del lodazal que sigue afectando a la política española sin solución ni propósito de enmienda que se vislumbre, al menos de momento.
En paralelo a la tramitación de la ley, el Gobierno acelera la aprobación de los Presupuestos de 2024, sin el techo de gasto rechazado por el Senado dos veces, que ahora deberá atenerse a la senda fiscal enviada hace meses a Bruselas y que perjudicara la financiación de las CC.AA. El Congreso eleva un 4% (3,98%) su Presupuesto para 2024, hasta casi 115 millones de euros, con una subida salarial a los diputados del 2,5%, similar a la del resto del personal de la Cámara. La actualización presupuestaria es apoyada por PSOE y Sumar, con la abstención del Partido Popular y el “rechazo frontal” de Vox, pese a no formar parte de la Mesa de la institución. Sus Señorías actualizan el sueldo hasta los 45.089,66 euros, a expensas de la entrada en vigor de los PGE no antes de junio. Un salario al que se suman los extras por cargos en comisiones parlamentarias e indemnizaciones por desplazamiento desde sus respectivas circunscripciones, entre otros complementos.
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