Mientras algunos testigos dejan pruebas en sobres anónimos por miedo a perder la vida en Tunja, hoy el Zar anticorrupción articulado con la Fiscalía tendrá que determinar si estos narcotraficantes tienen vínculos con políticos y empresarios de Boyacá, un departamento ubicado en el centro de Colombia. Actualmente, el cuestionado Gobernador Carlos Amaya es investigado y se defiende de numerosos procesos por diversos delitos, su campaña estaría relacionada con financiación apoyada por empresas de minería hoy investigadas. La economía del narcotráfico muchas veces funciona en alianza con industria formal que cuenta con la documentación requerida para exportar e importar minerales.
El lavado de activos impulsado por la economía del narcotráfico tiene efectos perjudiciales en la economía, desarrollo social y la gobernabilidad democrática. El partido Alianza Verde en Colombia ha sido involucrado con un cartel organizado de corrupción y lavado de activos por lo que Sandra Ortiz ex consejera presidencial para las regiones tuvo que renunciar.
Si se comprueba que existe vínculos de las empresas de minería que exportan carbón de Boyacá a Europa con este cargamento de cocaína, el Presidente Gustavo Petro estaría inmerso en un escándalo de narcopolítica, lo anterior teniendo en cuenta que su gobierno le ha dado participación a los investigados de esta región de Colombia con el manejo del Fondo Nacional de Paz dirigido por Wilmer Leal donde hoy llegan millones de euros donados por la Unión Europea y con otras entidades del orden nacional.
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