Ley mordaza rechazada por sus socios
La última iniciativa rescatada por Sánchez de su enorme chistera -contestada por algunos de sus socios- no es otra que un Plan de Acción por la Democracia, o ley mordaza, para combatir “la impunidad de los “pseudomedios” que difunden bulos y desinformación. También para modificar a su vez la ley de publicidad institucional, incorporar la “transparencia en la financiación con recursos públicos” de los medios digitales, y modificar la ley orgánica sobre el derecho al honor y a la rectificación. Todas ellas, medidas para intentar silenciar a medios críticos y las informaciones sobre Begoña Gómez, imputada por delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. La últimas, una petición de la Universidad madrileña a la judicatura alertando de la posible existencia de “apropiación indebida de determinados productos”, cuya titularidad son del centro docente, y la denuncia de facturas relacionadas con el 'software' que registró a su nombre por valor de 14.999 €.
El conjunto de propuestas de Sánchez, sin apenas concreción, pretende regular los debates electorales, obligar a la publicación de micro datos de las encuestas y endurecer las sanciones a los parlamentarios que no sean transparentes con su actividad, todo ello para soslayar las críticas y posibilitar un difícil consenso entre sus propios socios. La primera disensión en el bloque gubernamental la provoca el PNV tras advertir que “las leyes no sirven para nada sin ética”. Su portavoz en Madrid, Aitor Esteban, avisa además de que “hay límites más allá de lo penal” -en referencia a las prácticas de la mujer de Sánchez-, convencido de que "negar, o no abordar el aspecto ético, es un error". El diputado nacionalista, mucho más explícito, advierte también de los “riesgos de plantear límites a la libertad de expresión o estrechar el control sobre los medios”, sobre lo que “hay que hilar muy fino, o mejor no hilar”.
Feijóo: el mayor bulo de España es Sánchez
Feijóo acusa a Sánchez de no tener “barreras morales, ni siquiera ética personal” para regenerar nada por “vivir lleno de sospechas”. Para el líder del PP, las medidas consensuadas ya en la normativa del Parlamento europeo, no son sino una cortina de humo y una “milonga” para tapar los escándalos que le rodean, convertidas en “el mayor ataque a la libertad de información de la democracia”. Asegura el líder del PP, que "la regeneración” en España no vendrá con el cambio interesado de una ley", sino "de la mano de los ciudadanos cuando cambie el Gobierno". También denuncia que el mayor “bulo de España” es el propio Sánchez al que acusa de querer imponer una “pseudodemocracia” tras oírle dar lecciones de regeneración. Recuerda Feijóo la existencia de leyes para frenar las mentiras y la difamación, por lo que insta al presidente a acudir a los tribunales si considera que está siendo atacado. Abascal recrimina a su vez a Sánchez que mientras anuncia un plan para comprar a los medios con 100 millones de euros, apueste por “cerrar los que hablen de su señora”. El dirigente de Vox también denuncia el intento de convertir en bulos las ideas de los demás y de tapar la corrupción que afecta a su propia familia.
El PP ya ha registrado en sede parlamentaria una batería de preguntas sobre los encuentros de Sánchez con el empresario Barrabés, al quien considera el” patriarca de la trama". En el Senado también incluye hasta 17 preguntas para esclarecer la situación laboral de su propio hermano, tras el registro de la UCO de las dependencias de su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz. Los populares quieren conocer la situación laboral y tributaria del hermano del presidente, además de las subvenciones y fondos públicos, estatales o europeos que recibe la institución extremeña para financiar sus actividades culturales.
El Senado aprueba una Comisión Tezanos para investigar la gestión del presidente del CIS que la mayoría del PP considera bulos tras sus continuas equivocaciones en los sondeos, pese a que su titular solo admite tres errores: los resultados de las elecciones de Castilla y León de 2022, en Baleares el 28-M y en las del Parlamento europeo el 9-J de este año.
Mutismo judicial y premio digital
Tras el mutismo judicial de la mujer de Sanchez, por segunda vez, el magistrado Peinado mantiene tres líneas de investigación abiertas en su causa: las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés que no incluyeron fondos europeos, la relación de Gómez con Air Europa en plenas negociaciones para el rescate de la aerolínea y sus actividades como codirectora de dos másteres en la Universidad Complutense. Este centro docente pide a su vez investigar a Begoña Gómez por “apropiación indebida” al hallar “indicios” en la gestión de su cátedra. Señala la UCM que no tiene medios para concluir la existencia de un perjuicio patrimonial con los trabajos de desarrollo del software que encargó la institución y que comparte nombre con la empresa privada. De forma paralela, la Fiscalía Europea mantiene abierta su propia investigación sobre las adjudicaciones a Barrabés que sí incluyeron fondos europeos.
La estrategia del palo y la zanahoria del ejecutivo con los medios, está a punto de completarse con la inminente aprobación del nuevo Plan Técnico de la Televisión Digital Terrestre que incluirá el premio gordo de otra licencia TDT en abierto para contentar a grupos afines como Prisa, editora de El País. La justificación no es otra que equilibrar la ‘sobrerrepresentación’ de la derecha en el sector con grupos como Mediaset, que dispone de 7 licencias de emisión, Atresmedia con 6, y Unidad Editorial y Squirrel Media con dos canales cada uno.
Investidura y detención de Puigdemont
En Cataluña, Puigdemont pretende organizar su propia investidura en pleno mes de agosto, tenga o no acuerdo firmado con ERC, y pese a que no contar con los votos suficientes, dispuesto a ser detenido en cuanto pise suelo español. Su intención es someterse a la investidura en el Parlament, para lo que piensa cruzar la frontera junto a una gran comitiva de vehículos y un autobús de periodistas retransmitiendo su regreso no tan triunfal. El ex presidente de la Generalitat se adelantaría para aprovechar la falta de un acuerdo cerrado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, y forzar la convocatoria de nuevas elecciones.
La militancia republicana, por su parte, avisa a su secretaria general, Marta Rovira, de la firme oposición a un acuerdo para investir al candidato socialista, al tiempo que le reprochan haber estado blanqueando al PSC por sus continuos acuerdos suscritos con el Gobierno de Sánchez. De momento, la cúpula de la formación republicana pone precio a la investidura de Illa con una financiación extra de 26.000 millones y un concierto como el vasco, además de asumir la gestión de todos los tributos y compensar al Estado por sus servicios en el territorio. La Agencia Tributaria de Cataluña pasaría a gestionar 23.000 millones de recaudación del IRPF, 14.200 millones de IVA, 5.300 millones de Sociedades y los 3.500 millones de euros de impuestos especiales.
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