La imagen ha quedado grabada en la conciencia de los españoles, especialmente en las dos últimas décadas: el día propuesto para el lanzamiento, acuden al inmueble dos miembros del juzgado, la parte demandante acompañada generalmente de su procurador/a, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un cerrajero para facilitar el ingreso al inmueble de ser necesario y, una vez ejecutado el desahucio, cambiar las cerraduras.
Pues ahí están Sánchez y su tropa, su pandilla, su sociedad limitada, su comunidad de bienes. Investigados, perseguidos, asediados, casi procesados… y, el tiempo dirá si condenados. Pero una cosa es indiscutible: atrincherados, saltándose todos los límites éticos, de responsabilidad, que esta cuadrilla de sectarios había puesto para la dimisión de cualquier responsable público, especialmente si habitaba las alturas (¡qué tiempos los de Rajoy y los trajes de Camps!).
La Justicia (toda la rama que no está controlada por el autócrata de Moncloa, comenzando por la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado) está haciendo su trabajo. Con esfuerzo. Con independencia. Con motivación y fundamento. Con profesionalidad. Proactivamente (que no prospectivamente). Golpe a golpe. Con celeridad. Porque cualquier país se juega mucho cuando la corrupción y el saqueo, cuando la prevaricación o el tráfico de influencias tocan de lleno, el puro tuétano, de los cargos -incluidos los ejecutivos- más elevados del Estado.
Hay quienes quiebran la ley y cuando llega la autoridad judicial y policial responden con violencia y hasta con tiros, dislocados, desquiciados, fuera por entero de sus casillas. Y, hoy por hoy, en términos políticos, hay un reloj que ya está en marcha para que lo que habría de ser un desahucio natural y legal de los españoles al inquilino de La Moncloa se convierta, dadas las fechorías conocidas y permitidas (y quién sabe si colaborativas) en un lanzamiento.
¿Cuánto de rápida y eficaz será la Administración de Justicia ante tal lodazal? ¿Cuál será la respuesta de Sánchez cuando el cerrajero, con el mandato de los jueces y hasta del pueblo español, se presente a las puertas de Moncloa y toque el timbre o informe al guarda de la entrada? No descartemos que, en el caso del autócrata, tanto desde el punto de vista formal como material, lo peor esté por llegar. Al tiempo.