La nota de prensa alertó de inmediato a las asociaciones de las víctimas del terrorismo, inquietas ante la eventualidad de que sujetos como Francisco Javier García Gaztelu “Txapote”, su compañera sentimental Irantzu Gallastegui, José Javier Arizkuren Ruiz “Kantauri” o Soledad Iparraguirre “Anboto” consiguieran la anhelada puesta en libertad. Las aguas iban revueltas desde finales de octubre, cuando Arnaldo Otegi afirmaba que “tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos”.
Alea jacta est, dirían los antiguos romanos. Y si entonces el máximo dirigente de Sortu vaticinaba conseguir el objetivo marcado “en seis años”, la realidad ha sido mucho más benigna. El Gobierno de Pedro Sánchez, con la complicidad de Sumar y la bochornosa impericia del Partido Popular (PP), mediante una engañosa disposición adicional el 31 de julio de 2024 facultaba el abaratamiento de las sentencias de aquellos etarras que habían cumplido parte de la condena en penales franceses. En la sede de los legatarios de Gestoras Pro Amnistía estallaron gritos de júbilo.
Cualquiera supondría que EH Bildu se haya movido por razones humanitarias. Nada más lejos de la realidad. Como bien argumentaba Joseba Arregi, ex consejero de Cultura que se alejó del ideario nacionalista para custodiar la dignidad de las víctimas, “los presos a ETA y su brazo político nunca le han importado un pimiento”. Es importante comprender que la relación entre el militante y la organización no terminaba con la detención del mismo. Al haber sido arrestado el terrorista se comprometía a observar férreas directrices que se implementaban para erradicar posturas críticas.
Las adulaciones, el protagonismo adjudicado al EPPK en la prensa, las manifestaciones callejeras o conferencias internacionales de la izquierda abertzale representa/ba)n un ejercicio de victimismo al fin de rentabilizar la imagen del preso de ETA. Los internos se instrumentalizaban para movilizar las bases, convencer a sus seguidores y mitificar la lucha por la independencia de Euskadi. Un antiguo dirigente de la organización criticaba en una misiva redactada a principios de 2009 el absoluto sometimiento a la línea estratégica rubricada por el comité ejecutivo: “Nos han convertido en objetos políticos (…). Nos utilizan como fuente de legitimación, nada más”. Cada preso estaba obligado a seguir al pie de la letra las órdenes recibidas. La estricta jerarquía y una férrea disciplina ocasionaban la tácita aquiescencia de un destino escrito con antelación. Según Txema Montero, ex europarlamentario de Herri Batasuna, “los presos tenían la impresión de que ellos eran el testimonio de que la lucha continuara (…), un mecanismo psicológico endiablado”.
Antoni Asunción, responsable de la política de dispersión, corroboraba la imagen de una organización armada en la que “el victimario tenía que convertirse en víctima cuando atravesaba el umbral de la prisión (…). Entonces la dirección rentabilizaba la cohesión social generada para sus propios beneficios y lograba controlar a los familiares”. En 1994 José Antonio López Ruiz “Kubati” informó de que estaba dispuesto a colaborar con la justicia. Según un ex compañero de módulo “iba diez pueblos delante de mí en cuanto a reinserción… Le visitó Iñaki Goyoaga (abogado de Gestoras Pro Amnistía, NdA) y le dijo ‘tu madre y tu hermana tienen un bar en Elorrio y viven bien (…). Si te acoges a los beneficios tendrán que cerrar el negocio y volver a fregar como hacían antes”. El ex preso afirma que la progenitora “vino llorando a la prisión y le dijo que nadie más entraría en el pub si aceptara la progresión de grado… Y el otro se echó para atrás”. La vicisitud es relevante al haber participado el mismo “Kubati” en las conversaciones entre Azkarraga y Luis Ortiz que han posibilitado el cambio legislativo.
La despersonalización del interno respondía a la básica necesidad de mantener el control del EPPK. Un reinsertado explica como “una vez que el militante ha sido arrestado entra en la comuna y tiene que portarse de una determinada forma (…). En este aspecto ETA siempre ha sido una democracia absoluta, (…) si te detienen ya no vales nada, a pesar de cual ha podido ser tu actuación precedentemente”. Una norma a la cual logró sustraerse únicamente José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea “Josu Ternera”. El histórico dirigente mantuvo los galones durante la estancia penitenciaria y una vez excarcelado consiguió el acta de diputado en el Parlamento Vasco.
Curiosamente el mismo Arnaldo Otegi sufrió un trato similar al de otros centenares de presos que fueron instrumentalizados en aras de un presunto bien superior. Un ex miembro del comando Donosti, que afirma “haber estado juntos en prisión en los noventa,” le considera “alguien con nula credibilidad (…), para mí no sirve de nada porque siempre se ha adaptado a lo que le han dicho los de las pistolas”. El elgoibartarra durante su paso por la cárcel de Herrera de la Mancha “fungía de ordezkari, o sea de gerente… es el que se encarga de los paquetes, de gestionar” un colectivo “totalmente controlado por la cúpula. Y Arnaldo, con su papel establecido y sin desviación posible (…), siembre iba de la mano de Iñaki De Juana Chaos”.
El elemento determinante que ha impedido en ETA la consolidación de un movimiento parecido al de los dissociati italianos ha sido el miedo. En un grupo tan hermético y con elevados niveles de fanatismo resulta(ba) extremadamente complicado llevar la contraria Tres acontecimientos permiten comprender el estado de pánico en el cual se encontraban los internos disidentes
En diciembre de 1989 los responsables de IIPP concedieron a un interno de la cárcel de Martutene un permiso para celebrar las festividades con los seres queridos. El beneficiario había manifestado abiertamente su distanciamiento de la línea estratégica de la banda. En vísperas de Nochebuena el director le acompañó hasta la salida, pero ni los augurios del funcionario, ni la imagen de los familiares esperándoles detrás de la valla de seguridad ejercieron de aliciente. Despavorido y consciente de las amenazas recibidas dio media vuelta, se disculpó y regresó a su celda. Otro disidente quiso regresar a Euskadi bajo el total anonimato. El miedo a que se conociera su traición le llevó a pedir un acercamiento en incógnito desde la cárcel de Puerto de Santa María hasta Nanclares de Oca. A pesar de haber cumplido con los requisitos necesarios, el principal temor recaía en disimular su excarcelación con estancias en otros centros penitenciarios.
Un ex militante, obligado a vivir lejos del País Vasco por razones de seguridad, reconocía haber tardado en conseguir una progresión de grado por el miedo e mirarse al espejo si bien no mantenía relación ninguna con ETA o la izquierda abertzale: “Una de las cosas más llamativas es que mi familia quería que saliera, pero no daba el paso. No quería saber nada de la lucha armada, pero tampoco aligerar mi condena para no enfrentarme a la realidad”. Las misivas amenazantes que recibió desde la cúpula de la organización influyeron como elemento disuasorio.
Los testimonios recopilados demuestran la decenal instrumentalización por parte de la banda armada y de su entorno del colectivo de presos. Resulta inverosímil la preocupación de los actuales dirigentes de Sortu en querer aligerar la carga penitenciaria de históricos etarras. Más bien se trata de la enésima instrumentalización para lograr ventajismo político y reconocimiento de cara al electorado. Lo más perturbador es que lo hayan adquirido gracias a la colaboración necesaria de un gobernante dispuesto a engañar a las víctimas y abofetear la memoria de quienes entregaron su vida para que el PSOE no fuera desterrado del País Vasco.
Si (
No(
