La Comisión Permanente del Consejo General de Economistas de España (CGE) se ha reunido en la sede del Colegio de Economistas de Valencia como muestra de fraternidad y solidaridad hacia los colegiados y las comunidades afectadas por la DANA que asoló diversas zonas del este peninsular el pasado 29 de octubre, incluyendo la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y parte de Castilla-La Mancha. La reunión ha contado con las intervenciones destacadas del vicepresidente 2º y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, y del director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, y ha tenido el propósito de conocer de primera mano los efectos de esta catástrofe, cuando se van a cumplir tres meses de este suceso. Durante la reunión se han analizado las medidas de ayuda implementadas y las acciones necesarias para avanzar en la reconstrucción y normalización de las áreas impactadas.
En este sentido, los economistas han repasado los efectos devastadores de la DANA, que a día de hoy muestra datos de 224 personas fallecidas, 3 desaparecidas, además de 89 municipios gravemente afectados. Así mismo y de acuerdo con las estimaciones del Consejo General de Economistas —basadas en datos de organismos oficiales y otros observatorios financieros—, las pérdidas económicas podrían ascender a 16.600 millones de euros, cifras estas que muestran la gravedad del desastre con consecuentes daños significativos en sectores estratégicos para la economía de las zonas afectadas y el país.
A este respecto, y en referencia al tiempo transcurrido, el presidente del CGE, Valentín Pich, ha manifestado que, “no es momento de seguir buscando culpables ni de resaltar las debilidades de los sistemas de gestión, sino de centrarnos en las tareas pendientes y fomentar acciones que demuestren buena fe y un compromiso genuino con la reconstrucción de las zonas afectadas”.
Asimismo, el presidente de los economistas ha subrayado en el transcurso de la reunión el papel de los economistas colegiados como “parte de una extensa red de asesores empresariales y personales que, gracias a su experiencia, están facilitando el acceso de los afectados a las ayudas disponibles”. En este sentido, Pich valoró el esfuerzo del Consejo General de Economistas por recopilar y compartir la experiencia adquirida tras catástrofes anteriores, para intentar ser de ayuda y contribuir a mejorar la preparación ante futuros desafíos de esta índole.
Por su parte, Juan José Enríquez, decano del Colegio de Economistas de Valencia, referido también a este hecho, ha insistido en la necesidad de mayores aportaciones del Gobierno central. Para el decano de los economistas valencianos, “la situación actual no es comparable a la de la pandemia, cuando los negocios podían reactivarse rápidamente al no haber sufrido daños estructurales”. En este caso, según sus palabras, “la significativa destrucción de infraestructuras y maquinaria supone un desafío mucho mayor que en otras crisis, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde existe un amplio consenso de que está infrafinanciada y que no puede afrontar sola esta crisis”.
De los 16.600 millones de euros anunciados por el Gobierno en tres líneas de ayuda para hacer frente a la DANA, la mayor parte se enfoca en créditos y avales, es decir, sustentada principalmente en préstamos y en el respaldo del Consorcio de Compensación de Seguros. De esta línea de ayudas, hasta la fecha se han movilizado 1.100 millones, una situación que para los economistas subraya la urgencia de agilizar los procedimientos administrativos y reducir la burocracia para garantizar una recuperación efectiva en las zonas afectadas.
En este sentido, los economistas miembros de la Comisión Permanente del CGE han instado a las administraciones a priorizar la reconstrucción económica y social de las zonas afectadas mediante la creación de un sistema que combine agilidad, transparencia y eficiencia en la gestión de las ayudas. Este sistema debe minimizar la burocracia, garantizar una distribución rápida de los recursos y fomentar la confianza pública a través de mecanismos claros de supervisión que permitan monitorizar la evolución del empleo, el consumo y la asignación de ayudas. De este modo, se busca promover una recuperación económica sólida y sostenible.
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