Todo comenzó en 2019, cuando los querellantes denunciaron que sus vecinos habían cubierto una valla medianera sin autorización. Al investigar, descubrieron que, además, habían construido una vivienda ilegal dentro de su propiedad y realizado otras obras sin licencia. Presentaron la denuncia en 2021, pero el Ayuntamiento, en lugar de actuar, fue demorando los procedimientos hasta dejarlos caducar. Según los querellantes, esto no fue casualidad, sino un intento de proteger a los infractores por su relación con el exalcalde y el exconcejal.
La querella también señala un presunto conflicto de intereses del exconcejal Jordi Masnou, que era responsable de Planeamiento y Grandes Proyectos, defendió a los denunciados como su abogado en un recurso contra el Ayuntamiento. A pesar de las irregularidades, el consistorio nunca impuso sanciones ni inició procedimientos contra los responsables de las obras ilegales.
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