La penalización impuesta se subdivide en dos tramos, de los que 140,2 millones de dólares (125,4 millones de euros) se corresponden con la multa por incumplir los decretos previos, mientras que 46,2 millones de dólares (41,3 millones de euros) se justifican en las prácticas de gobernanza “inseguras e irresponsables” en su trato con Danske Estonia.
El caso se remonta a 2019. En ese año, la Reserva Federal abrió una investigación sobre el papel de Deutsche Bank (y otras entidades) en transacciones por 200.000 millones realizadas desde la filial estonia de Danske Bank entre 2007 y 2015. Los supervisores mantenían la sospecha de que la entidad estonia se convirtió en un centro para el lavado de dinero desde la antigua Unión Soviética. El año pasado, Danske Bank se declaró culpable en el proceso y pagó 1.931 millones de euros para zanjar la investigación.
La Fed ha asegurado que esta filial contaba con un largo historial de ‘ratings’ de alto riesgo, así como niveles elevados de actividades sospechosas que Deutsche Bank no “mitigó suficientemente” a pesar de las advertencias realizadas en 2013 y 2014 por su propio personal ‘senior’ encargado del ‘compliance’ legal. No fue hasta octubre de 2015 que Deutsche Bank dio por finalizada la relación con Danske Estonia.
La regulación de Estados Unidos exige que los bancos que operan en el país que analicen las operaciones de los clientes y sus transacciones para detectar posibles operaciones de blanqueo y alertar a las autoridades ante operaciones sospechosas. La Fed requiere a los bancos que cuenten con sistemas adecuados de detección para intentar dar la voz de alarma.