El Ayuntamiento de Galapagar, en manos del PP, privatiza los servicios sociales

El contrato de gestión indirecta del servicio de atención domiciliaria de personal no dependiente especifica que se trata de la gestión del servicio de “mantenimiento de unas adecuadas condiciones de organización e higiene de domicilio de usuario, constituyéndose como recurso idóneo de apoyo en aquellas tareas domésticas que así lo requieran”. Se trata, por tanto, de un concurso negociado, sin publicidad y licitado por procedimiento urgente al que concurrirán unas pocas empresas probablemente preseleccionadas por el propio Ayuntamiento. El valor estimado del contrato se cifra en 30.148,8 € por la gestión del servicio durante tres meses, prorrogables durante otros tres más. En las bases se establece un precio máximo de licitación de 15 € más IVA/hora en días laborables y 17 €/hora más IVA para festivos y horas nocturnas.

En este sentido, incide en que el citado consistorio aprobó la medida (con el apoyo del grupo de gobierno y el rechazo de la oposición) acogiéndose al anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (en concreto, a su disposición transitoria undécima), una normativa que aún no está en vigor y que ultima el Gobierno central. Asimismo, el Comité considera que, con esta decisión, adoptada en el pleno celebrado a principios de abril (el día 4) Galapagar "tira balones fuera", dado que, acogiéndose a esta normativa, aún en trámites de aprobación, anuncia que la Comunidad podrá asumir las competencias de Servicios Sociales de los ayuntamientos, estableciendo medidas para su "racionalización".

El Cermi Madrid cree que otro de los argumentos dados para defender lo que el equipo de gobierno del consistorio denomina "gestión indirecta de los Servicios Sociales", es el de que se ofrecerá "un mejor servicio a los ciudadanos"; al mismo tiempo que se arguye que el ayuntamiento “carece de medios humanos y materiales para llevarlos a cabo” y que en la actualidad, Galapagar, que ofrece los servicios sociales a través de conciertos con distintas entidades, "no es capaz de controlar de forma adecuada su desarrollo". Efectivamente, el Ayuntamiento de Galapagar ha "laminado", según algunas fuentes, la calidad de la gestión de algunos de los servicios más demandados en el municipio, como los ya muy recortados servicios sociales, la cultura y el deporte.

Con respecto a esto, el Comité madrileño reitera que, si ahora, el ayuntamiento "no es capaz de controlar su gestión, menos lo será externalizándola". Por otro lado, continúa, "existe cierta contradicción cuando el gobierno municipal reconoce no ser capaz de controlar los distintos proyectos que se desarrollan a través de los servicios sociales municipales en la actualidad, pero, por otro lado, sí afirma poder hacerlo cuando éstos se encuentren privatizados".

Por último, el Comité, que indica que la externalización "no supondrá más ahorro", muestra su "preocupación" por el futuro de los servicios sociales de este municipio y, especialmente, por la posibilidad de que se desencadene una ola privatizadora de los Servicios Sociales en los distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Y, en este sentido, expone que "la crisis no puede ser una excusa para que los ayuntamientos se desentiendan, a la primera de cambio, de sus servicios sociales". Algunas fuentes consultadas apuntan a que los ayuntamientos que privatizan "ahorran en sus cuentas" de cara a los déficits y gastos municipales en sus respectivos presupuestos generales, pero no de cara a los ciudadanos, porque al final, alguien tiene que pagar estos servicios que continúan teniendo un coste para la Sociedad aunque no repercutan en los Presupuestos Generales. El beneficio, al final, para las empresas que los asumen.