España se encuentra ante el desafío más intenso y de más calado de su historia democrática. El independentismo ha desencadenado una estrategia muy agresiva desde septiembre, envolviendo en ella a instituciones tan significativas como el propio Barcelona C.F, que ha dejado muy claro que es “més que un club”; ha realizado el declarado ilegal referéndum del 1.O sin que el Gobierno de la Nación haya sido capaz de impedirlo, aunque lo haya boicoteado en cierta medida; ha hecho una excelente utilización de las imágenes, que ha sido posteriormente parcialmente contrarrestada al haber quedado en evidencia la manipulación realizada de datos e incluso de la realidad ocurrida, por haber utilizado imágenes de años anteriores o mentido, como en el caso de la mano con los dedos falsamente quebrados. Además, el independentismo sigue dueño de la calle y de las instituciones de gobierno, poder, educación, cultura y comunicación.
Frente a ello tan sólo se ha erguido la acción de la Justicia instada por el partido VOX y particulares así como acciones preventivas de investigación policial promovidas por la Fiscalía. Asimismo han tenido gran importancia las acciones de movilización ciudadana, en especial las impulsadas por la Fundación para Defensa de la Nación Española (DENAES), los días 30 de septiembre y 7 de octubre en Madrid, y por la asociación Societat Civil Catalana el 8 de octubre en Barcelona. Igualmente ha tenido una gran acogida el claro, sencillo y rotundo mensaje del Rey del 3 de Octubre. Frente a estas acciones ha sido clamoroso el silencio, o la mera participación colateral, de los partidos constitucionales con representación parlamentaria, si bien Ciudadanos ha sido muy firme ante los medios de comunicación y, en especial, al apoyar con firmeza la utilización del 155. El PSOE de Pedro Sánchez ha mantenido un perfil mucho más bajo pero ha aceptado finalmente la posibilidad de utilizarlo. Afortunadamente, anteriores principales dirigentes clave, tales como el ex Presidente Gonzalez, Alfonso Guerra y otros han sido mucho más contundentes, contribuyendo a reforzar la imagen constitucionalista del Partido
Los principales grandes rasgos del contexto actual cabe resumirlos en una Declaración indubitable de Independencia, que empezó al estilo de Groucho Marx cuando el Presidente Puigdemont dijo que “según la Ley de Referendum, el Parlament celebrará una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente… y que como presidente de la Generalitat, asumo al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república” lo cual fue recibido por sus partidarios desde la calle con un gran aplauso.
No obstante, inmediatamente después continuó diciendo que “con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia” lo cual fue recibido con grandes abucheos y gritos de “traición, traición” tanto por sus partidarios en la calle como por sus socios independentistas radicales del propio Parlament. Esta situación de tensión, entre independentistas, fue superada mediante la firma por parte de 72 diputados autonómicos, Puigdemont entre ellos, de otra declaración diciendo que "Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social y acordamos la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República".
El sentido común, sin dejarse envolver por triquiñuelas jurídicas, lleva a concluir que el Presidente Puigdemont y los diputados que le apoyaron hicieron una indubitable Declaración de Independencia, al margen de que hayan seguido o no literalmente lo establecido en la Ley de Referéndum catalana, lo cual es irrelevante pues dicha Ley está suspendida por el Tribunal Constitucional desde el día siguiente de su aprobación y por tanto no es legal.
No obstante, el Presidente Rajoy ha optado por dar un plazo a Puigdemont de 5 días, que vencen el 16 a las 10 de la mañana, para que “confirme si alguna autoridad de la Generalidad de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña y/o si en su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el pleno del Parlamento implica la declaración de independencia”. Al mismo tiempo Rajoy indica a Puigdemont que le requiere para que, si se hubiese declarado la independencia, “de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, se revoque u ordene la revocación de dicha declaración de independencia a fin de restaurar el orden constitucional y estatutario, para lo cual le da un plazo hasta las 10.00 del jueves 19 de octubre”.
Cabe plantearse qué estrategia de actuación aplica el Gobierno de la Nación ante esta grave situación política, en la cual hay hechos que el español medio percibe como obviamente delictivos y que tras ser denunciados han sido tomados en consideración por varios Tribunales. Aparentemente ha considerado que conviene actuar con un perfil muy bajo, esperando que el tema se encarrile solo. Baste recordar la absoluta firmeza con la que se afirmaba que “el 1.O no habrá referéndum” y el contraste con la total pasividad del Gobierno que aparte de trasladar a Barcelona a 9.000 policías y guardias civiles, no hizo nada. El resto de las actuaciones fueron debidas exclusivamente al coraje de la Justicia y de la Fiscalía, instada por el partido VOX y particulares, no a la acción del Gobierno.
Los errores cometidos en las acciones realizadas, tal vez no hubieran sido tales si el Gobierno se hubiera involucrado en ellas con firmeza. No obstante parecen haber reforzado la opción por una actuación de perfil bajo que se manifiesta en la actual decisión del Gobierno de dar un plazo total de casi nueve días a la Generalitat para “arrepentirse”. Algunos consideran esto como una actuación inteligente que pretende que Puigdemont y la Generalitat terminen presos en su propia red de ilegitimidad. De hecho, en este contexto, se está produciendo una fuga de empresas lo cual es una carta favorable para al Gobierno. Asimismo, la sociedad civil, sin ayuda del Gobierno, ha despertado, impulsada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española y otras instituciones, y por la Sociedad Civil Catalana, en el resto de España primero y en Cataluña después. Sin embargo, en la mayoría de casos, estas movilizaciones han reclamado una actuación más firme y clara del Gobierno: ¿Por qué no opta ya por instar a la Fiscalía y a la Justicia para que persigan de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y sedición? ¿Habrá que esperar a que pase el día 19 octubre para que el Gobierno se decida a ello? ¿Sería aceptable que los delincuentes se fueran de rositas, si mañana se abre un diálogo? La posibilidad de que el independentismo dé marcha atrás parece bastante improbable. Asimismo, es preocupante que se puedan estar preparando acciones de movilización, agitación rebeldía e imagen que puedan requerir ineludiblemente de la firmeza del Estado, en un contexto más difícil. En suma, ¿va a ser este largo plazo de reflexión positivo para la unidad de España o para el independentismo?
La Ley de Seguridad Nacional es un gran instrumento para tomar el imprescindible control de los Mossos pero hasta que se ponga en marcha pueden ocurrir hechos desdichados que se podrían evitar si se actuara con mayor prontitud y claridad. Debe tenerse en cuenta que la pasividad que el Gobierno mostró ante el 1.O no es un buen precedente ni ofrece mucha tranquilidad a la ciudadanía española y mucho menos a los catalanes españolistas y a las empresas sitas en Cataluña propiedad de ellos. Afortunadamente el Rey envió un claro mensaje “les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles” pero el Ejecutivo no es el Rey sino el Gobierno
Por tanto, convendría que se revisase con urgencia la estrategia de actuación y que se tuviera en cuenta el gran margen que ofrecen el artículo 155 de la Constitución, el artículo 189 del Reglamento del Senado y el artículo 24 de la Ley de Seguridad Nacional. Todo ello, aplicado conjuntamente, podría ayudar a disuadir a los posibles agitadores y a los violentos y sería el mejor apoyo para garantizar que se restablece, lo más pacíficamente posible, el imperio de la ley, sin el cual la democracia carece de sentido. Queda para otro artículo un tema crucial: ¿cuál es el objetivo estratégico que debería tener España ante el desafío independentista?
¡Viva Cataluña y Visca Espanya!
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