A escasos cinco días de asistir a una nueva jornada electoral nacional, la tercera en poco más de tres años, el sector inmobiliario español asiste con interés al panorama político y los efectos que los resultados del próximo 10-N puedan tener sobre su mercado. De la cita de los españoles con las urnas dependerá en buena parte el futuro a corto y medio plazo de nuestro país no sólo en materia política sino también económica. Y si hay un mercado que hace de motor de la economía nacional, ese es el inmobiliario.
En este sentido, pisos.com considera importante analizar los factores que van a determinar el éxito o el fracaso de esta nueva “fiesta de la democracia”. Y es que, con independencia del resultado electoral del próximo domingo, la configuración de un gobierno con la estabilidad suficiente para tomar decisiones transmitir confianza al mercado será determinante para el devenir inmobiliario de los próximos años.
Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, subraya que “el resultado electoral tendrá efecto directo en todos los niveles, tanto para el consumidor inmobiliario que quiere comprar una primera residencia como, sobre todo, para el inversor nacional o extranjero que está continuamente analizando las oportunidades que le ofrece el mercado. El segmento residencial está siendo uno de los principales afectados por la inestabilidad política junto al de oficinas y el retail, por lo que sería óptimo que a partir del domingo pueda encontrarse una solución que acabe con el bloqueo institucional y, por ende, con sus consecuencias económicas e inmobiliarias”.
Cinco claves para que el poder político ayude al inmobiliario
Se cumplen cinco años de crecimiento continuado desde que en el 2014 todos los macroindicadores inmobiliarios empezaran a registrar incrementos interanuales. Hoy el mercado se encuentra en un momento de estabilización que, en algunas regiones, ya está arrojando ligeras contracciones en los precios acompañadas de un menor número de compraventas completadas y de las hipotecas firmadas. En este sentido, el poder político tiene ahora la oportunidad de contribuir al crecimiento del sector inmobiliario atendiendo a las siguientes prioridades y medidas clave:
Mensaje de confianza a los mercados internacionales
La inestabilidad política genera desconfianza en los mercados, tanto a nivel nacional como internacional. El dinero es miedoso, por lo que a partir de los resultados electorales del próximo 10-N el poder político español tiene la oportunidad de lanzar un mensaje de confianza y de estabilidad económica y política. Que los partidos alcancen acuerdos firmes será fundamental para el fortalecimiento del sector inmobiliario.
Por otra parte, el mercado residencial español es siempre uno de los más observados en el real estate mundial. El gran atractivo turístico de nuestro país genera un interés muy alto para la actividad inmobiliaria, siendo dicha actividad una de las protagonistas de la economía española. La puesta en marcha de políticas y medidas que incentiven la inversión inmobiliaria extranjera en el territorio nacional ha de ser uno de los pilares de crecimiento del sector.
Seguridad normativa
El vaivén registrado los últimos tres años en el marco normativo y jurídico en el mercado inmobiliario español es uno de los elementos a tener en cuenta en estos momentos. Las sentencias emitidas desde 2016 en materia hipotecaria desde el Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE) contradiciendo al Tribunal Supremo, la reforma de la Ley Hipotecaria o las medidas municipales aprobadas para la regulación del precio del alquiler son elementos que no han ayudado a la estabilidad del sector, cuyos distintos agentes han tratado de adaptarse rápidamente a los cambios.
Éste último punto, el de la regulación del segmento del alquiler, trae cola. La irrupción de plataformas de alquiler vacacional han cambiado la mentalidad de los propietarios, los cuales tienen más altas que nunca sus expectativas sobre lo que pueden llegar a rentabilizar su vivienda en alquiler. En este sentido, las consideradas viviendas de uso turístico (VUT) están siendo reguladas de maneras diversas por los gobiernos municipales de las grandes ciudades pero todavía no se ha consensuado una regulación estable y eficaz que ponga fin a la polémica y la escalada de precios que genera el crecimiento de la oferta de pisos disponibles para alquiler turístico en detrimento del alquiler tradicional. Así pues, resulta evidente la necesidad de alcanzar un gran pacto de Estado en materia de vivienda que incluya la aprobación de un plan en el que Gobierno central y las comunidades autónomas estén de acuerdo, con presupuestos adecuados y líneas de acción claras.
Ampliación de la oferta disponible e impulso de grandes proyectos metropolitanos
Si bien el precio para la compra y el alquiler de viviendas en las grandes ciudades españolas ha entrado en un periodo de estabilización, especialmente en Madrid y Barcelona, lo cierto es que los elevados precios que se registran en relación al salario de los ciudadanos españoles hace que les sea difícil encontrar viviendas a precios competitivos en dichas ciudades. En este sentido, desde hace años se están llevando a cabo políticas que dinamicen y amplíen la oferta inmobiliaria para fomentar un más fácil acceso a la vivienda.
Por otra parte, el impulso de proyectos urbanísticos y urbanizaciones en el área metropolitana de las grandes ciudades por parte de las administraciones está llamado a ser parte de la solución para la falta de oferta en las capitales de provincia. La extensión de la demanda a la primera y segunda coronas metropolitanas de las ciudades provoca que sean éstos los mercados más dinámicos y rentables en la actualidad. Además, este tipo de proyectos incide de manera positiva en prácticamente todos los agentes del sector, desde constructoras e inmobiliarias hasta el comprador o el inversor.
Incentivación del comprador nacional
Que las familias recuperen su protagonismo en el segmento residencial será crucial para que exista un equilibrio razonable entre la generación de riqueza inmobiliaria y la preservación del derecho a la vivienda de los ciudadanos. Además, desde la administración se tiene aún mucho en lo que respecta a la incentivación de los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler y, así, incrementar la reducida oferta que existe en estos momentos. Aplicar desgravaciones fiscales, facilitar un asesoramiento integral u ofrecer garantías de pago y seguros ante desperfectos e impagos de la renta son algunas de las posibles medidas que podrían ser tomadas para cumplir este objetivo.
Colaboración público-privada
Por último, la eterna asignatura pendiente: la desconexión entre las organizaciones privadas y las administraciones. El éxito y perfeccionamiento de los planes en materia de vivienda pasan por la estrecha colaboración entre los gobiernos y los players y profesionales que día a día están en contacto con las problemáticas del sector y las necesidades de los consumidores. En el futuro, las administraciones deberán tener en cuenta la voz de los profesionales del sector en aras de que se programen reuniones con patronales y organismos de representación inmobiliaria y se escuche a todos los actores implicados. Esta colaboración público-privada a la hora de diseñar políticas de acceso a la vivienda permitiría, entre muchas otras cosas, paliar el problema de acceso a la vivienda planteando modelos de cesión de suelo para promover vivienda en alquiler.
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