Ha dejado de llamar ya la atención en España, por desgracia, que grupos más o menos organizados, antisistema y de izquierda o izquierda-extrema por lo general, so capa de defender los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, lo que hagan, de facto, sea erosionarlos y demolerlos, haciéndolos añicos. La última ola de agit-prop ha llevado a los alborotadores, algunos desde las trincheras del poder, a sostener que hay que contener, normativamente, el margen de maniobra del que disponen los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, por ejemplo, cuando se disponen a cortocircuitar o desbaratar la violencia que se produce en manifestaciones en las que, precisamente, se corrompe el ejercicio del derecho de asociación, incluso de libre expresión.
Es lo de menos si esta idea la han desarrollado en el marco de su pura ignorancia, por desprecio olímpico a los rudimentos de la democracia o en un ejercicio de mala fe. Lo relevante es que su plasmación en una norma contribuiría significativamente a demoler los pilares a través de los que los ciudadanos podemos defendernos y ser defendidos. Y aquí entran en juego las FFSS, como pieza esencial de nuestro pacífico sistema de convivencia.
Personas de pocas lecturas, montaraces, o inoculadas del veneno del sectarismo, pretenden trasladar a la sociedad la idea de que el poder coercitivo del Estado ha de dejar de existir o, peor, que resulta una amenaza en sí mismo. Así, estos individuos indoctos no conocen ni reconocen que hemos de cumplir las leyes para ser libres y que, además, el cumplimiento de esas leyes debe ser en ocasiones impuesto por coerción, por los poderes a tal efecto delegados, en este caso los de la Policía.
Son esos poderes del Estado los que los individuos han designado de manera explícita y directa para que protejan sus derechos y para que resuelvan sus conflictos. Es la misma soberanía popular la que cede el uso de la fuerza, y su monopolio legal, al Estado, precisamente en aras de proteger la sana convivencia y el orden público, manteniendo la tranquilidad de todos.
No. No hay sistema democrático que pueda amparar (salvo que se encuentre en estado de descomposición o haya caído enfermo) que las reivindicaciones en la calle tienen que producirse en un marco de perturbaciones y de agresiones, prostituyendo el normal ejercicio de los derechos individuales.
No es el trabajo de la Policía el que ha de laminarse. Más bien ha de aislarse y, conforme a la ley, aplastarse, a quienes (desde la radicalidad y la cobardía) arrastran vallas, vuelcan contenedores de basura y vidrio, destruyen mobiliario urbano y agreden a nuestros agentes, quienes por supuesto gozan, luciendo uniforme, de la potestad del ejercicio de la autodefensa. Que exista un gobierno en España que no entienda esto es un serio problema para los ciudadanos y para el Estado.
Si (
No(
