La juez Josefa Bustos acordó en octubre pasado incoar diligencias contra Sánchez-Asiaín, Carlos Dolz, Juan Luis Ramírez, Ramón Cerdeiras, y las mercantiles Portobello Capital y Cartera Vivanta, tras analizar la querella del expropietario de una de las clínicas adquiridas por el fondo de inversión para conformar su negocio dental, como publicó The Objective.
En el juzgado 21 también están investigados por estafa, por haber vendido las participaciones sociales a un socio 100% pignoradas, algo que resulta inaudito en un fondo supervisado por la CNMV.
Motivos suficientes para que el consejero independiente coordinador de la multinacional española Grifols, Íñigo Sánchez-Asiaín, deba poner su cargo a la orden según la Ley de Gobernanza, al estar siendo investigado por los Juzgados de Instrucción de Primera Instancia Nº 49 y 21 por los delitos de estafa y falsedad documental.
Por otro lado, la sentencia demoledora en contra de Portobello sobre la ampliación de capital dictada por la juez Ana María Gallego, en lugar de recurrirla como lo ha hecho Sánchez-Asiáin, tendría que haberla subsanado si verdaderamente se tratara de un fondo reputado.
Además, un franquiciado también exige a la compañía 440.723 euros de indemnización en concepto de daños y perjuicios, reclamación que ha sido aceptada a trámite de juicio ordenado por el Juzgado de Primera Instancia Nº 86 de Madrid. A juicio del demandante, este incumplimiento “ha supuesto la ruina” de su negocio pues lo ha hecho “de forma sistemática”, con lo cual solicita la nulidad del contrato de franquicia suscrito entre las dos partes en enero del 2018.
Los pleitos ya existentes han llevado a la creación de una plataforma llamada ‘Víctimas de Portobello de Sánchez-Asiaín y Clínicas Vivanta’.
Los efectos colaterales los van a sufrir los propios partícipes de Portobello, entre los que se encuentran: BNP Paribas, Fond-ICO, Caixa, Bankia pensiones, Naturgy, BBVA, Fondo de Pensiones, Gas Natural, European Investment Fund, Mutua Loreto…
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