catalangate

Europa no se cree el llamado Catalangate, el supuesto espionaje al independentismo. La comisión Pegasus del Parlamento Europeo no investigará a España por espiar a líderes secesionistas, según publica El Confidencial. Y es que hay que recordar que no hay pruebas de espionaje ilegal y el Gobierno español admitió que solo dieciocho activistas fueron sometidos a control pero bajo supervisión judicial. Los demás casos denunciados son muy sospechosos, tanto que incluso pueden haber sido falsificados, según señalan varios informes de expertos internacionales.

En un artículo apunta a la posibilidad de que se trate de una operación de "falsa bandera". El articulista, fundador de Sociedad Civil Catalana, considera que se trata de una operación del separatismo "aprovechando la gran debilidad de un Gobierno con graves problemas de disonancia interna, debilidad del «bloque Frankenstein» y con unas encuestas que empiezan a crear una seria zozobra en todos los resortes del partido socialista". "Estamos ante una estructura de presuposiciones que solo tratan de consolidar un relato, sin embargo, no hay ningún tipo de prueba o constatación que sustente el relato separatista: «El Estado está espiando ilegalmente a unos pobres políticos», cuestión que se traduce en su estructura básica en «España no es una democracia porque espía a políticos no afines»", asegura el opinador, que añade que el supuesto informe de CitizenLab empieza con páginas dedicadas "a laminar la buena imagen de España, su democracia e instituciones (principalmente el CNI)".

La investigación del Catalangate realizada por Citizenlab, el laboratorio de la Universidad de Toronto, sobre el presunto espionaje al independentismo con Pegasus ha suscitado las críticas de académicos de reconocido prestigio, así como de los liberales europeos, por la metodología empleada y porque condicionar el estudio académico a las demandas de empresas como Apple podría tener implicaciones éticas, según publica el portal The Objective.

Así lo recoge el digital The Objective, que detalla que Oriol Jonqueras y Carles Puigdemont dejaron a Campo fuera de la rueda de prensa que organizaron en Bruselas y que sirvió para responsabilizar al Gobierno de dicho espionaje. Así pues, que el autor del informe tenga relación evidente con el independentismo -y que su nombre aparezca entre los espiados-, afectaba la imparcialidad de la investigación.