El Tribunal Constitucional anula varios artículos de la ley (aprobada en septiembre de 2020) que regula el precio de los alquileres en Cataluña, al entender que dichos artículos que hablan de declaraciones de área tensa y de la determinación del precio en nuevos contratos, "suponen una invasión de la comunidad autónoma en las competencias del Estado" y una vulneración de las reglas del libre mercado. El artículo 149 de la Constitución, reserva al Estado la fijación de las bases de las obligaciones contractuales atribuyéndole la competencia para establecer los criterios de ordenación general del sector de la contratación privada en aquellos territorios autonómicos que cuenten con legislación propia.
La sentencia declara que son inconstitucionales y nulos los siguientes artículos de la Ley de Cataluña 11/2020: el 1, de 6 a 13, el 15 y el 16.2; las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; la disposición transitoria primera y la disposición final cuarta, letra b); la disposición adicional cuarta y la disposición final tercera.
En síntesis, los criterios para declarar áreas tensas de mercado de la vivienda; cómo y con qué criterios se fija la renta y el régimen sancionador por incumplimientos.
Para aquellos inquilinos que firmaron un contrato de alquiler con la ley vigente, el Tribunal Constitucional asegura que "se mantienen en sus términos" por lo que no afecta a los contratos firmados con anterioridad, no siendo el pronunciamiento de los jueces retroactivo y cuyos efectos “serán pro futuro”.
Las consecuencias de las injerencias en el libre mercado del alquiler.
La aplicación de la ley del alquiler en Cataluña, sumado al gravamen de un impuesto sobre las viviendas vacías, ha llevado a un detrimento del volumen de viviendas disponibles en alquiler, de acuerdo con los datos de la Fundación Alquiler Seguro. Esto afecta al cumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas por el hecho de permanecer desocupadas.
Económicamente, esta modificación de la ley supondrá un incremento de los ingresos para los propietarios en Cataluña derivados de la liberalización del precio del alquiler de la vivienda, que podrá destinarse a la realización de mantenimiento y mejoras de las viviendas del parque de alquiler, que actualmente se encuentra en una situación precaria por la falta de inversión derivada de esta reducción de ingresos.
Barcelona volvió a registrar subidas del precio del alquiler en 2021 pese a la ley catalana de contención de los arrendamientos en vigor desde septiembre de 2020, mientras que se ha estancado la oferta de viviendas disponibles, según los datos obtenidos en el último estudio de la Fundación Alquiler Seguro.
En palabras del presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, “la injerencia en el libre mercado del alquiler no ha generado los beneficios sociales que se buscaban, al contrario, ha llegado a provocar una contracción del mercado”.