Quienes hayan sido víctimas de algún delito relacionado con el área patrimonial, fraude o malversación, o deban afrontar alguna acusación en esta área, deben buscar obligatoriamente abogados delitos económicos con experiencia para recibir asesoría sobre las acciones a realizar.
Lo más recomendable es encontrar un despacho que cuente con especialistas en el área de los delitos económicos, que puedan ofrecer asesoría, tanto en caso de acusaciones, como en la defensa.
La asesoría experta es un apoyo que se puede solicitar, incluso, para conocer el riesgo en el caso previo a efectuar acciones potencialmente delictivas en el área económica. Sirve como medida preventiva para saber los riesgos antes de caer en un problema difícil de solventar, pero también, cuando existen señalamientos de dudas o acusaciones directas.
Lo más práctico e inteligente es acudir a abogados que estén capacitados en el área económica de gran trayectoria en el Derecho penal y que hayan encabezado procesos relacionados con delitos económicos en España.
La ley española tipifica este tipo de acciones en el Título XIII del Código Penal, y las califica como delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, en cuyo apartado se incluyen 70 artículos. En este tipo de hechos, los tribunales pueden determinar responsabilidades, tanto en personas naturales como en las personas jurídicas (empresas e instituciones), según la reforma de la Ley Orgánica del año 2010.
Uno de los aspectos más comunes en los delitos socioeconómicos, es que haya intención expresa para cometerlos, generalmente por lucro o engaño.
Los delitos patrimoniales se refieren a aquellos en los cuales existe una vulneración de los bienes o derechos jurídicos de valoración económica de un individuo, es decir, son aquellas acciones que causan perjuicio a una persona de forma particular.
Los delitos contra el orden socioeconómico ocurren cuando se ven afectados bienes de orden colectivo. Un ejemplo de esto son: fraude a la Hacienda Pública, defraudación de marcas y patentes, revelar secretos de empresa, fraude financiero, delitos bursátiles, estafas graves, corrupción, entre otros.
Cualquier persona que se vea involucrada en algunas de estas acciones irregulares, tiene el derecho a buscar una defensa privada; y en caso de no tener recursos, debe optar por un defensor público.
En el ámbito del Derecho penal económico, se señalan como delitos los casos en los que la gravedad y el daño al patrimonio es tal, que causa responsabilidad penal, por encima de la responsabilidad civil que implica el delito.
El hurto es un delito económico que se considera como el más leve, que ocurre cuando una persona se apodera de un bien ajeno, siempre y cuando no aplique ningún tipo de intimidación o acción violenta. Puede acarrear cárcel de entre 6 a 18 meses, en aquellos casos en los que lo que haya sido robado supere los 400 euros. En casos de robo, las penas pueden llegar hasta los 5 años de cárcel, esto es debido a que implica uso de fuerza, intimidación o violencia, para cometer el delito.
En el fraude se utilizan estrategias para conseguir lucrarse. Cuando se trata de algo que afecta a personas naturales, se puede hablar de castigo entre 3 a 6 meses de prisión, en el caso de que el importe defraudado supere los 400 euros.
Un delito que se ve con frecuencia en los titulares de la prensa es la evasión u omisión para declarar impuestos, lo que se considera un fraude fiscal. Se trata de una infracción administrativa que puede ser penada con cárcel, en aquellos casos en los que se demuestre que se hizo de manera intencionada.
También se dan casos de apropiación indebida, cuando alguna persona se hace de forma ilegal con bienes patrimoniales o activos. Esto ocurre, generalmente, por traición de confianza de un socio, administrador o persona cercana.
Las autoridades también investigan con frecuencia los casos de blanqueo de capitales, esto se trata de hacer uso de recursos o bienes obtenidos con alguna acción delictiva.