La noticia es, en realidad y tristemente, una más de la penosa fila: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantenía el 25% de castellano esta semana en dos escuelas, pese a la nueva y arbitraria normativa del gobierno separatista que, en clave prevaricadora, pretende arrollar lo que han establecido jueces y magistrados, pisando así -as usual- los derechos de los ciudadanos no-nacionalistas. En esa región de España, en modo alguno hay un “conflicto lingüístico”: existe una parte de la población que exige el respeto a sus libertades y, enfrente, unos poderes públicos actuando al margen de la ley con total y absoluta impunidad que los atropellan. Y esto, si no con la complicidad, sí al menos ante la pasividad deplorable e insultante de todos los gobiernos de España, de todos.
El separatismo catalán, lo represente el partido que lo represente, no ha hecho históricamente sino pisotear lo dictaminado por cualquier tribunal, incluido el Constitucional; y su totalitaria actitud, excluyente y opresora, le ha salido gratis: no cambiará hasta que se le retiren, por el adecuado cauce, las competencias educativas.
Naturalmente que socialistas y comunistas, hoy en bloque en el gobierno de España, no lo harán jamás en la Historia. Pero pocos desafíos educativos (y los hay a montones) habrá de mayor tamaño para el futuro inquilino de La Moncloa que el de preservar los derechos de padres e hijos, de familias enteras, también en esa parte de nuestro territorio en el que, simplemente, no rige la ley.
TODOS los gobiernos de España han mirado para otro lado, invariablemente, ante las agresiones que el salvajismo de barretina ha perpetrado sin disimulo, ocultando sus fechorías, y justificándolas bajo el manto de “la defensa de la cultura y la identidad de un pueblo y su lengua propia”.
España no se ha defendido ni ha defendido a las víctimas del pensamiento único de quienes han sido -hoy aún lo son- aplastados por el rodillo enfermizo que ha sido puesto en marcha siempre desde la Generalidad, propalando dogmas supremacistas que han tenido y tienen en su raíz la mentira y el sectarismo.
El hecho de que no se haya aplicado aún el ‘155 educativo’ en Cataluña significa que la ley en nuestro país no es igual para todos. Se aplica, en términos generales, a los ciudadanos que se la saltan, incluso desconociendo que lo están haciendo. Pero, en paralelo, se le deja campo abierto a los facinerosos que, todavía en 2022, pretenden imponer sus aberrantes ideas y extender su fanatismo con descaro y por la fuerza.
La cesión desde la cobardía ante tal estado de cosas es la que explica, entre otros elementos del paisaje, el hundimiento del Partido Popular en esa región de España. Aunque sea únicamente hoy una mera hipótesis, ¿se atreverá por fin Feijoo a ponerle el cascabel al gato? Cuesta creerlo… pero hay, aunque sólo sea como mera hipótesis, que creerlo.