Este texto, cuyo periodo de consulta pública finalizó el pasado 28 de octubre, no solo no consigue ninguno de los objetivos expuestos en dicha consulta ni en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN), ni cumple con el mandato de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social; sino que, según el presidente de CEPES, “supone un recorte de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social en favor de las personas con discapacidad, que lejos de beneficiar su inserción laboral y su empleo estable, supondrá una importante reducción en el número de personas con discapacidad contratadas”.
“Todo ello poniendo en peligro multitud de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y decenas de miles de puestos de trabajo para personas con discapacidad”, argumentó Pedreño.
Según indica, este recorte en las bonificaciones se produce por una triple vía. Por una parte, por la equiparación del empleo protegido de las personas con discapacidad (Centros Especiales de Empleo de iniciativa social) con el empleo de las personas con discapacidad contratados en empresas ordinarias, lo cual “es discriminatorio”.
También, por la eliminación de las bonificaciones a los contratos de trabajo de empleo con personas con discapacidad de carácter temporal, tanto los celebrados en Centros Especiales de Empleo de iniciativa social como en empresas ordinarias.
Y, por otra parte, por la equiparación a la baja de las bonificaciones, estableciendo unas bonificaciones mensuales para los contratos de trabajo de carácter indefinido de personas con discapacidad “totalmente insuficientes”.
Tres vías que “pondrán en peligro la viabilidad económica de numerosos Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Entidades asimiladas, y los puestos de trabajo de personas con discapacidad que trabajan en ellos, al incrementarse de forma desmesurada los costes laborales de los puestos de trabajo”, agrega Pedreño.
Las personas con discapacidad son un colectivo con importantes problemas de empleabilidad, muy vulnerable donde el 33% vive en situación de riesgo de pobreza, por lo que resulta “imprescindible” el desarrollo de políticas activas de empleo. Tal y como se desprende del ‘Estudio del Empleo de las Personas con Discapacidad, año 2020’ (INE 2021), el número de personas con discapacidad ocupadas asciende a 516.300 personas, con una tasa de empleo del 26,7% (64,3% para las personas sin discapacidad), y con una tasa de paro del 22,2% (6,8 puntos superior a la de la población sin discapacidad).
Por todo ello, el presidente de CEPES añade que “resulta incomprensible que se adopten medidas que pueden conllevar unas consecuencias devastadoras para el empleo de personas con discapacidad sin analizar en profundidad la realidad actual y sin medir las consecuencias que acarrearían estas medidas en términos de pérdida de empleo actual, de desincentivación de la contratación futura y de incremento gasto público en otras áreas de protección social”.