La Transición, uno de los pocos éxitos políticos en la historia reciente de España, nació con un cáncer congénito: un nacionalismo periférico devenido en separatismo gracias a las ventajas que la Constitución del 78 les otorgó. Desde ese momento, los partidos nacionalistas “originarios” (catalanes y vascos), así como los surgidos ante el éxito que supone en España la deslealtad institucional, han condicionado la gobernabilidad en beneficio propio. El éxito ha sido tal que actualmente existen no menos de 45 diputados cuyo objetivo principal es la disolución de España o el chantaje económico, mientras esta no llega. Si bien, como hemos mencionado, este cáncer lo sufrimos desde el inicio de la democracia no parando de crecer desde entonces, con el “sanchismo”, ha encontrado las condiciones idóneas para que la metástasis avance de manera incontenible.
En España, el cáncer nacionalista ha llegado a tal situación que nos enfrentamos a un dilema, intervenimos quirúrgicamente para extirparlo y posteriormente aplicamos quimioterapia y radioterapia o aplicamos tratamientos paliativos hasta que el paciente aguante.
Soy de los que defiende que la aparente y provisional estabilidad institucional que el mal llamado “progresismo” nos quiere vender, no es fruto de la política de “apaciguamiento” que desde la transición han practicado los distintos gobiernos, el motivo es que por una vez, obligados por los acontecimientos y con la inestimable ayuda del resto de instituciones, la Corona y la Justicia fundamentalmente, el Gobierno español puso “pie en pared” ante el nacionalismo, y aplicó, sin la contundencia necesaria, las normas que nuestra democrática constitución permite.
El 9 de diciembre del 2022 pasará a la historia como un día aciago para España y para la democracia. La reforma del delito de sedición, la enmienda sobre la malversación, la enmienda de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y la de la Ley Orgánica 2/1979 del Constitucional constituyen un ataque sin precedentes a la integridad territorial de España y a la separación de poderes.
Pero a estas alturas no estoy dispuesto a culpar únicamente a su principal responsable, Pedro Sánchez Castejón, un aspirante a cesar que se quedó en Cómodo. Como diría Casio: “¿Y por qué, entonces, habría de ser César un tirano? ¡Pobre hombre! Bien se me alcanza que no se atrevería a ser un lobo a no ver que los romanos son unos corderos. ¡Ni sería león si no fueran ciervos los romanos! Los que tienen prisa en encender un gran fuego lo hacen con míseras pajas... ¿Qué estercolero, qué desecho, qué inmundicia es Roma, cuando sirve de baja materia para alumbrar una cosa tan vil como César? Pero ¡oh dolor! ¿A dónde me conduces? Quizá hablo ante un hombre que voluntariamente es siervo”.
Últimamente tengo la sensación de que en España defender la libertad es “predicar en el desierto”, quizá una mayoría sean voluntariamente siervos.
La falta de democracia interna de los partidos permite que un caudillo narcisista pueda secuestrar el partido y realizar políticas contrarias a las que se comprometió en campaña, incluso en contra de la opinión mayoritaria de sus votantes.
Por su parte, la oposición se muestra incapaz de desmontar, con contundencia, un argumentario “progre” propagandístico e inane carente de solidez intelectual. Así, por ejemplo, no han conseguido desmontar el argumento de la factoría Bolaños, repetido incansablemente por sus terminales mediáticas, que responsabiliza al Partido Popular de anticonstitucional por bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Cualquier estudiante de primer curso de Derecho sabe que dicha renovación es un mandato constitucional para el que la ley establece unos requisitos. Entre los cuales, se hace necesaria la necesidad del acuerdo entre los partidos mayoritarios. Quiero subrayar la palabra “acuerdo”, es decir se hace imprescindible la voluntad de ambas partes, por tanto, el incumplimiento es responsabilidad de ambos.
Lo que no puede hacer Pedro Sánchez es chantajear a la oposición con la amenaza de cambiar las reglas del juego, forzando los preceptos constitucionales, sino se admiten sus pretensiones. Pues, aunque el presidente no lo sepa, somos los ciudadanos los verdaderos perjudicados, pues esta reglamentación que pretende el Ejecutivo desmonta, si cabe aún más, la ya maltrecha separación de poderes.
Ya es un clamor entre la ciudadanía que, nuestros líderes políticos de cualquier espectro ideológico, no están a la altura de la actual situación política. La duda es si están a la altura de lo que los españoles se merecen.
Si los cuerpos intermedios y los ciudadanos seguimos sin reaccionar, unidos y contundentemente, ante la supresión de controles que nos permitan limitar a un Gobierno que pretende utilizar las instituciones y nuestro dinero para perpetuarse en el poder, es posible que, desafortunadamente, tengamos lo que nos merecemos.