Es muy posible que el analfabetismo o simplemente la maldad se lo haya hecho olvidar a algunos dirigentes comunistas y socialistas de los que hoy ocupan el poder en el gobierno de España, pero la división de poderes es una de las cualidades fundamentales que caracterizan a la democracia representativa, de tal modo que si aquella decae, ésta se va por el precipicio, de deshace o degenera en una autocracia o, con el tiempo, hasta en una tiranía. Montesquieu argumentaba que “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo, y avanza hasta que encuentra límites”. Precisamente para evitar los excesos antidemocráticos “hace falta que por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Así, la vigilancia de los tres poderes debe darse entre ellos mismos, sin injerencias, sin agresiones, sin invasiones, sin okupaciones. Y esa separación es la mejor garantía de la libertad y de la pluralidad.
Es precisamente lo que PSOE y Podemos están intentando demoler al más puro estilo bolivariano. No sólo han puesto en funcionamiento el rodillo para atacar la independencia de las altas instituciones del Estado sino que están dispuestos a hacerlo copiando los más patéticos y repugnantes moldes caribeños.
Quienes hoy están encaramados al frente del ejecutivo en España son enemigos del sistema de pesos y contrapesos, de frenos, de equilibrios, del clásico ‘check and balances’ que hace posible que se resista a las recíprocas intromisiones; y, por tanto, se presentan ya ante los ciudadanos, sin caretas, como enemigos de la democracia tal y como la conocemos en la Era moderna.
Más allá de la amenaza que han representado para España y sus libertades la presencia del terrorismo (principalmente de ETA) y del nacionalismo separatista (fundamentalmente vasco y catalán), por primera vez nos encontramos con la irrupción desquiciante, contaminante y despótica de un Gobierno de la Nación dispuesto a secuestrar enteramente a sus gobernados, sepultando sus derechos civiles más básicos.
La obsesión por el poder, cuando la despliegan castas políticas parasitarias -como es el caso-, puede producir derivadas inmensamente peligrosas para los ciudadanos. Es por eso que ante ataques tan descomedidos y viles, preñados de tanta corrupción y tanta ruindad, el Estado de Derecho ha de reaccionar excepcionalmente. Sin tregua, sin complejos, sin reservas. Y, más que nunca, todas las instituciones que lo conforman (a excepción del poder ejecutivo, el atacante) han de sentir el aliento y la fuerza de la abrumadora mayoría de los españoles. ¿Será posible?