Para desmontar las acusaciones a Marruecos, Jonathan Scott se basó en una simple captura de pantalla, con la que para demostró que Amnistía Internacional “encontró un indicador de falso positivo en el informe de Omar“, en referencia al periodista Omar Radi, y denunció que dicha organización internacional (AI) no se lo dijo a nadie. El año pasado, el periódico Morocco World News se hizo eco de la denuncia de Scott.

Ahora, Jonathan Scott desmonta la supuesta veracidad de otro informe que vuelve a acusar a Marruecos de espionaje, pero esta vez a la activista gala Claude Mangin, esposa del saharaui Naama Asfari, del grupo Gdeim Izik, destacado adversario de las pretensiones marroquíes sobre el Sahara.

“Este informe”, asegura Scott sobre el documento que desmientre, “profundiza en las metodologías científicas, los datos y los eventos que rodean muchos casos de presunto espionaje digital perpetrado por el gobierno marroquí”.

“Ha habido investigaciones forenses realizadas por Amnistía Internacional y The Citizen Lab, pero se han expresado preocupaciones con respecto a su reputación en las comunidades científicas y de seguridad de la información. Su investigación a menudo no ha sido verificada o reproducida de forma independiente por nadie fuera de su red de confianza, y su desprecio por las políticas y procedimientos forenses internacionales es alarmante”.

“A pesar de estas deficiencias, han formado alianzas con varios medios de comunicación globales, incluida la coalición de periodistas de Forbidden Stories que forman parte de The Pegasus Project”.

“Es importante abordar estas asociaciones con mayor escrutinio y validación para garantizar la precisión e imparcialidad de cualquier investigación realizada. Los hechos recientes revelan que las investigaciones realizadas por estas organizaciones carecen significativamente de rigor”, concluye Scott.

Con respecto a Omar Radi, y en sentido radicalmente contrario al apuntado por Scott, el rotativo británico The Guardian también apuntó en su día que Marruecos podía haber sido el autor del espionaje a más de doscientos móviles españoles, para un cliente de la corporación israelí de seguridad tecnológica NSO Group. Meses más tarde, otro informe presentado en el Parlamento Europeo iba en la misma línea.

Según esto último, los móviles a “pinchar” (en la jerga policial, “pinchar” equivale a “escuchar”, controlar y grabar las conversaciones que por ellos se mantengan) ocurrieron en 2019. Pero se ha llegado a decir que los números “pinchados” eran más de 50.000, no sólo 200, y que entre ellos estaban los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otros políticos.

Por si acaso, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español ha dado instrucciones recientemente para que ‘Pegasus’ no interfiera los teléfonos de nadie del gobierno de Madrid, ni de otros cargos del estado. Para ello, los ministros y altos cargos de Pedro Sánchez sólo pueden hablar con los terminales de uso autorizado por los expertos en criptología de los servicios secretos españoles.

Así lo ha hecho saber el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a todos principales organismos e instituciones del Estado, a través de una circular de obligado cumplimiento. La consigna es blindar todos los teléfonos móviles de oídos entrometidos que quieran curiosear la “información clasificada nacional” y la “información sensible”. Es un tema de seguridad nacional, que ha provocado “en bajito y con la boca pequeña” las protestas de algunos altos cargos gubernamentales, a nivel de vicepresidenta. Y hasta aquí podemos contar.

El “Proyecto Pegasus” ha puesto en evidencia que hay numerosos programas de software espía de libre acceso, que cualquier persona u organización puede adquirir gratis y usar sin control alguno.

Este periódico ha intentado contactar con algún responsable en Israel del Grupo NSO, autor de este software espía “casi perfecto”, según los especialistas en seguridad cibernética. Pero han pasado dos semanas sin que nadie quiera responder a nuestras preguntas.

El pasado verano, el CEO y fundador de NSO, Shalev Hulio, dejó el cargo y le sustituyó Yaron Shohat, hasta entonces director de operaciones de la empresa.