Los expertos señalan que "los dirigentes de Uzbekistán han llevado a cabo reformas anticorrupción de forma coherente. Aunque existen problemas, el gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para digitalizar los servicios públicos, mejorar los procedimientos de concesión de permisos y simplificar las normas y procedimientos para luchar contra la corrupción interna.
Actualmente, ningún Estado está libre de corrupción. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha destacado que la economía mundial pierde 2,6 billones de dólares al año por este fenómeno. Los países de la UE pierden 323.000 millones de euros al año precisamente a causa de la corrupción.
En Uzbekistán, en los últimos años, la lucha contra la corrupción se ha elevado al rango de política de Estado. Se ha introducido un Índice de Apertura para evaluar la eficiencia y eficacia de la transparencia en el trabajo de los organismos y organizaciones estatales. También se está prestando gran atención a la mejora del marco jurídico. Se han elaborado 24 proyectos de ley y reglamentos para hacer más eficaz la lucha contra la corrupción. Se ha aprobado la Ley Anticorrupción. Por iniciativa del Presidente, se utiliza ampliamente el sistema de administración electrónica.
Su implantación y uso generalizado es el medio más eficaz. Países como EE.UU., Reino Unido, Suecia, Singapur, Noruega y Corea del Sur han obtenido buenos resultados en la lucha contra la corrupción gracias al establecimiento de un sistema de este tipo. De la experiencia de estos países podemos concluir que la implantación de un sistema de este tipo será de gran ayuda para garantizar la transparencia en la administración pública.
Al mismo tiempo, la eficacia de la lucha contra la corrupción depende del aumento de la conciencia jurídica y de la cultura jurídica.
El capítulo 3 de la Ley uzbeka de lucha contra la corrupción se titula "Aumento de la conciencia jurídica y de la cultura jurídica en el ámbito de la lucha contra la corrupción". En él se identifican las siguientes prioridades: aumentar la conciencia jurídica y la cultura jurídica de la población, formando en la sociedad una actitud intolerante ante la corrupción; mejorar los conocimientos jurídicos de los empleados de los órganos estatales y otras organizaciones; y formar y educar en la lucha contra la corrupción en las instituciones educativas.
Recientemente se han producido cambios positivos en la lucha contra la corrupción en el sistema de enseñanza superior. Factores importantes para ello han sido medidas como la organización de la admisión en las instituciones de educación superior en un ambiente de transparencia e imparcialidad desde 2018, la transición del proceso educativo a un sistema de módulos de créditos y el aumento de los salarios de profesores y conferenciantes.