El Estado es permanente. El gobierno es temporal. El primero ha de prevalecer sobre cualquier circunstancia. El segundo cambia según las variables políticas, partidistas, electoralistas del momento. El Estado debería tener intereses a largo plazo que se materializan y canalizan a través de la acción de las instituciones que lo conforman. El gobierno tiene intereses cortoplacistas, medidos -en el mejor de los casos- de legislatura en legislatura, de administración en administración, y que pueden atentar gravemente contra los intereses de todo un país.
Es por esto que constituyen un verdadero drama silencioso las actuaciones que, con prisa y sin pausa, el gabinete socialcomunista capitaneado por Sánchez ha emprendido hasta parasitar un total de 25 entidades públicas con ‘personas del partido’; sin ningún otro ‘mérito’ o reconocimiento especialmente diferenciador que ése. Desde el Tribunal Constitucional hasta el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas, desde Correos a Indra o Aena, desde Renfe al CIS, desde el SEPE hasta la CNMC o la SEPI… así hasta 25.
No. No es verdad que un presidente del gobierno esté legitimado para asaltar aquellas estructuras estables del Estado para enchufar, sin pudor y sin vergüenza a ‘sus afines’, a la ‘gente de carné’, pretextando que son ‘cargos de confianza’. Es precisamente esa actitud caudillista, más propia de tiranuelos caribeños o subsaharianos, la que deteriora la democracia y termina por arrollar sus bases; la que pervierte cualquier mecanismo sano y necesario de control al poder ejecutivo.
No es un proceder insólito en el fondo el del actual bloque social-comunista. Eso es verdad. Pero sí en las formas, en la intensidad, en la gravedad, en la reiteración de cuanto perpetra. Dicho en otras palabras: nadie había ido tan lejos en un sistema de equilibrios, de pesos y contrapesos, para entumecerlo y desarticularlo como quienes hoy políticamente -arrostrando sobre sus espaldas tanta incompetencia- mandan.
Y algo sorprende: las voces tímidas y aisladas, planas en la oposición, para denunciar tal cúmulo de atropellos, de daños y perjuicios causados a los ciudadanos. Más le vale a España que esta posición débil, incluso timorata, principalmente del PP, no se deba a que tras una previsible victoria de Feijoo y una posible llegada a La Moncloa del gallego lo que se produzca es en tantos sitios un simple cambio de cromos. Sólo una alternativa real, y no una alternancia egoísta y engañosa y timorata, puede sacar a España del atolladero por el que atraviesa. Única y exclusivamente.