Esta semana la reflexión canicular va a versar sobre el supermanoseado mantra del socorrido “marco constitucional” que todo quisque idolatra. Y la vamos a hacer en este billete simple desde un ejemplo muy concreto: La ley del aborto de Rodríguez Zapatero. No es una reflexión sobre el tema complejo de la interrupción del embarazo, ni las opiniones ideológicas vienen al caso, pero por si predispone a la lectura del billete diré que mi posición personal es la de una ley de plazos. Pero el tema que nos ocupa es su constitucionalidad. La Ley citada, que estuvo diez años esperando criterio del Tribunal Constitucional (TC), tuvo un ponente en el alto Tribunal que propuso una ponencia que la consideraba totalmente inconstitucional. El magistrado era el señor Ollero, del que no hemos oído más que parabienes sobre su categoría de gran jurista, alabado por todo el arco ideológico de sus colegas. No salió; hubo otro ponente, el señor Arnaldo, que consideró inconstitucional sólo una parte (la que permitía abortar a niñas sin el conocimiento de sus padres). Nada hemos oído de nadie que pusiera en duda la capacidad del señor Arnaldo como Jurista de primer nivel. Tampoco salió. Finalmente la última ponente ha sido una magistrada, doña Inmaculada Montalbán (y nos parece importante que haya aportado una visión femenina en ese tema). Nada nos hace dudar de su capacidad de jurista, pero esa ponencia, además, ha sido apoyada y avalada por el Presidente, el señor Conde Pumpido, cuya categoría de muy eminente jurista es reconocida por todos los altos profesionales de cualquier tendencia personal. Recordemos que la labor del TC es, exclusivamente, valorar si una ley o un texto o un acto de los otros poderes del Estado son conformes al espíritu (magnífico preámbulo tenemos) y al texto de la Constitución del 78. Técnicamente, como acaba de ocurrir en otros altos Tribunales, si el TC considera una causa justa, pero no cabe en la Constitución, podrá sugerir que se modifique, pero no dictar que el blanco es negro, imitando indebidamente al gran Santo Jesuita que hablaba de fe, no de encaje jurídico.
Tras esto, en puridad no tenemos ni idea si la mentada Ley es constitucional o no o medio pensionista. Pero parece que el TC tampoco. Queda clarísimo que lo que es constitucional es lo que decide el TC de turno, no la verdad ni la técnica jurídica. Lo que, en España, admite una decisión y su contraria con total tranquilidad. Y así un día aprendemos que no tener derecho a escolarizar en la única lengua común de la Nación es constitucional, o que recuperar el mercado único es inconstitucional, o que legalizar el brazo político de una banda terrorista contra una decisión del Supremo es constitucional, o que llegar a diputado jurando desguazar España en vez de prometer acatar la Constitución es constitucional, etc… etc…
Pero entonces, la pregunta es muy sencilla, tan simple como destructiva para una democracia parlamentaria. ¿Qué es el marco constitucional del que todos se reivindican? Tal parece que cada cual tiene su opinión, habla de cosas distintas, contrarias, divergentes, y que cualquiera de ellas podrá ser avalada por el TC de turno.
Por eso cuando oímos citar engoladamente el “marco constitucional” por unos y por otros, no es sólo que no sepamos a qué se refieren, es que nos asustamos mucho, muchísimo. Probablemente estaríamos más tranquilos si, al igual que la mayoría de los políticos jóvenes, no hubiéramos leído la Constitución. ¿Total para qué?