En su discurso sobre el "estado de la Unión", la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció "presentar las primeras propuestas legislativas para reducir las obligaciones de información a nivel europeo en un 25%." Se trata de un anuncio bienvenido, y de la primera vez que la Comisión Europea vuelve a hablar de "legislar mejor" desde que esta agenda fracasó en gran medida después de que la promoviera el comisario europeo holandés Frans Timmermans durante el mandato anterior, entre 2014 y 2019. Irónicamente, el principal responsable del fracaso fue el propio Timmermans, que se transformó sin problemas en un verdadero fanático de la regulación, con su afán por una regulación cada vez más verde en el contexto del "Acuerdo Verde Europeo", lanzado por la Comisión von der Leyen a partir de 2020. Con la marcha de Timmermans, que se presenta a las elecciones neerlandesas de noviembre, von der Leyen recupera algo de fuelle aquí. Y eso a pesar de que, como dice Dave Keating, "aunque estuvo a cargo de la puesta en marcha del Pacto Verde Europeo, Timmermans no fue su creador, ni se lo hizo tragar a la fuerza a von der Leyen. Este es su bebé, y que su partido sugiera que la pequeña Ursula estaba indefensa ante el corpulento Timmermans es francamente insultante".
Entonces, como suele decirse, "más alegría habrá en el Cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse". Es de agradecer que von der Leyen cambie un poco de opinión.
Y lo que es más importante, esto también es el resultado de la presión de los Estados miembros de la UE. Ya en marzo de 2023, los líderes de Francia, Alemania, Bélgica y el Partido Europeo de los Liberales (PPE) pidieron una "pausa normativa" para el Pacto Verde. A finales de agosto, los gobiernos francés y alemán hicieron un llamamiento conjunto para reducir las obligaciones europeas de información, también a raíz de las quejas cada vez más numerosas de las federaciones empresariales alemanas y francesas. Otra señal esperanzadora es quizá que el Comisario europeo eslovaco Šefčovič, más pragmático que Timmermans, será el responsable del Pacto Verde europeo. Ya se ha comprometido a "prestar especial atención a las empresas" en la aplicación del "Pacto Verde Europeo".
Avalancha normativa verde
En cualquier caso, la situación es calamitosa. En los últimos cinco años se han introducido 850 nuevas obligaciones, que representan más de 5.000 páginas de legislación. Esta "inflación normativa" preocupa profundamente a los fabricantes europeos, ya que se suma al fuerte aumento del coste de la energía en Europa.
También las PYME se han quejado de que estas obligaciones les crean considerables costes de cumplimiento. En concreto, les preocupan las obligaciones de información que deberían aplicarse a las PYME en virtud de la Directiva sobre informes de sostenibilidad empresarial (CSRD) y la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDD).
Al comentar la noticia de que Greenpeace acusa a Rabobank de haber causado miles de millones de euros de daños a la naturaleza en Brasil, como consecuencia de su financiación de determinadas empresas, el profesor de economía holandés Lex Hoogduin advierte de que "podemos vernos inundados de casos como éste, como consecuencia de los nuevos requisitos de información de la Directiva sobre la responsabilidad de las empresas en materia de sostenibilidad". ¿Qué estamos haciendo? Destruyendo nuestra economía y prosperidad, me temo".
La normativa no es gratis
Pero no sólo las PYME europeas sufren la inflación normativa de la UE.A lo largo de los años, la UE ha ido introduciendo cada vez más normas en su política comercial, con el consiguiente enfado de los productores no europeos. Este es el caso, en particular, de las nuevas normas de deforestación de la UE, que imponen toda una serie de nuevos trámites burocráticos a los productores de aceite de palma de Indonesia y Malasia, a pesar de que se han hecho grandes progresos en la reducción de la deforestación en esos países, según Global Forest Watch.
Esto se debe no sólo a las nuevas políticas contra la tala ilegal, sino también a los sistemas nacionales de certificación, como la Junta de Aceite de Palma Sostenible de Malasia (MSPO). Sin embargo, la UE se niega a reconocer este sistema e intenta imponer sus propios requisitos burocráticos, a diferencia del Reino Unido, que ha comprendido que el comercio es cuestión de confianza.El episodio ha llevado a ambas naciones del sudeste asiático a congelar las conversaciones comerciales con la UE.No existe el almuerzo gratis reglamentario.
Pamela Coke-Hamilton, directora ejecutiva del ITC, una agencia conjunta de la ONU y la Organización Mundial del Comercio, ha advertido incluso de que las nuevas normas de deforestación de la UE pueden tener un impacto "catastrófico" en el comercio mundial, ya que los proveedores más pequeños, en particular, corren el riesgo de quedar "aislados" de los flujos comerciales.
Mi antiguo grupo de reflexión, Open Europe, calculó en el pasado que el coste acumulado de la normativa de la UE introducida entre 1998 y 2018 para los 27 Estados miembros de la UE ascendía a la friolera de 928.000 millones de euros. La principal conclusión fue que la política de la UE era responsable del 66% del coste de 1,4 billones de euros de toda la normativa nacional y de la UE introducida durante ese período.
Ya hay nuevas estimaciones sobre las novedades desde 2019, que incluyen la nueva ronda de regulación ecológica de la UE bajo von der Leyen. El Consejo de Control Normativo alemán ha llegado a la conclusión de que las nuevas normativas de la UE promulgadas solo durante la pandemia supusieron una carga de cumplimiento anual de 550 millones de euros para las empresas.
A principios de este año, una encuesta para BusinessEurope, realizada en 35 países entre empresas de todo el mundo, concluyó que el 90% de ellas cree que la Unión Europea se ha convertido en un lugar menos atractivo para invertir que hace tres años. Culpan de ello a los altos precios de la energía y al aumento de la regulación.
En un mundo ideal, la Comisión Europea se centraría en desafiar las barreras comerciales nacionales y en estimular a los Estados miembros de la UE para que reconocieran las normas de los demás, en lugar de idear normativas de la UE cada vez más armonizadas y de "talla única". Sin embargo, un enfoque de este tipo no sería conciliable con el ansia de control de la eurocracia, y menos aún con la visión verde-izquierdista del mundo de Ursula von der Leyen.
Por ahora, parece que la promesa de von der Leyen de reducir en un 25% las obligaciones de información de la UE no es más que una mera palabrería ante el creciente descontento con el rumbo de la Comisión Europea. No se han asumido compromisos concretos para abandonar sin más determinadas propuestas normativas. Tal vez sea el caso de la renovación obligatoria de edificios propuesta por la UE, pero se espera que aún sea necesaria una señal contundente de los votantes antes de cambiar de rumbo. ¿Quizá en junio de 2024?