Con la consumación de su felonía, Sánchez actúa contra principios constitucionales básicos e innegociables, como la igualdad de trato hacia los ciudadanos, perpetrando lo que es más un acto político aberrante y prevaricador que de justicia rogada o de gracia. De la misma manera, consagra la degradación del resto de catalanes y españoles (quienes no son ni nacionalistas excluyentes ni golpistas) al mantener, a estos sí, bajo la condición de perseguibles por las leyes, al contrario que Puigdemont y su grupo de malhechores.
Tanto o más grave: Sánchez y los socialistas, comunistas y separatistas que le jalean, vulneran de manera lacerante el principio igualmente constitucional de seguridad jurídica y establecen el peligrosísimo y radicalmente siempre combatible principio de arbitrariedad de los poderes públicos.
La amnistía que se negocia (con el fin único de ser concedida) abre el camino a la vulneración frontal de los derechos humanos de aquellos españoles que deberán renunciar a ser españoles si quieren seguir viviendo en Cataluña, y de los españoles que viven fuera de esa región y que verán robada una parte de su propio país, con el ilegal e ilegítimo referéndum de autodeterminación ya, sin tapujos ni artificios, desafiante y sucio sobre la mesa.
Que Sánchez pretenda la impunidad, anulando la responsabilidad penal de los autores de gravísimos delitos, conculca automáticamente, y de forma directa y sangrante, los derechos de las personas perjudicadas por los favorecidos delincuentes, esto es, la totalidad del pueblo español, de la nación española.
Aquí está la base para articular una respuesta (no contra el Estado sino contra el gobierno socialcomunista y con el amparo y los resortes precisamente de ese Estado), para investigar, procesar y, en su caso, juzgar y condenar a los promotores de la mayor felonía que se recuerda (y no son pocas) en la joven historia democrática de nuestro país. ¿Quién va a ponerle el cascabel al gato?