Por tanto, estamos ante un panorama que puede mejorar si el 25% de personas que afirman que su incapacidad para acceder a una hipoteca se debe a que no disponen de la cantidad inicial para hacer frente a un préstamo hipotecario, accedan a estas ayudas.
En la necesidad de cumplir con el propio mandato constitucional que en su artículo 47 refleja que todo español tiene derecho a una vivienda digna, se han dispuesto una serie de medidas que así lo permiten. Por un lado, existen ayudas de avales para hacer frente al 20% que se necesita avalar ante la entidad bancaria para acceder al resto de la hipoteca de la vivienda. En este caso, el Consejo de Ministros aprobó en mayo un aval del ICIO para la compra de una primera vivienda especialmente para jóvenes y familias con hijos menores a cargo.
Aval para compra de vivienda
Como se ha adelantado, el Gobierno Central aprobó esta medida en respuesta a un clamor de la sociedad, especialmente de la población más joven que, debido a un mercado laboral fluctuante, no permite ahorrar el 20% del valor de la vivienda que exigen los bancos, por norma general, para acceder a una hipoteca. En este sentido, es el Estado el que avala ese porcentaje si se cumplen una serie de requisitos tales como:
No tener más de 35 años, o, en caso de tenerlos se han de tener a cargo a hijos menores de edad; para este segundo caso no hay límite de edad. Los ingresos individuales de cada miembro de la unidad familiar no pueden superar los 37.000 euros anuales, lo que supone 4,5 veces el IPREM. Se estima que hasta 50.000 personas puedan ser beneficiarias, tras la firma de acuerdo entre el Mitma y el ICIO todas las hipotecas que hasta diciembre de 2025 se formalicen y cumplan los requisitos podrán adherirse a la ayuda.
Además de lo anterior, existe otra ayuda para los menores de 35 años que consiste en una ayuda directa que asciende como máximo a los 10.800 euros, sin superar, en ningún caso, el 20% del valor de la vivienda a adquirir.
Ayudas para la compra de viviendas en la zona rural
Con el deseo de erradicar la despoblación de la zona rural, el Estado ha contemplado, también, ayudas a los menores de 35 años que quieran adquirir su vivienda en municipios con 10.000 habitantes o menos. Para ello, esas viviendas no pueden tener un precio superior a 120.000 euros y tienen que ser vivienda habitual, demostrando durante 5 años, al menos, su fijación como hogar principal. El límite de IPREM es de 25.200 euros la unidad familiar, subirá a 33.600 euros anuales en caso de que existan personas con discapacidad reconocida, que puede elevarse hasta los 42.000 euros si la discapacidad es severa.
Ayudas para familias numerosas
Exactamente como en el caso anterior, las familias numerosas debido a los gastos que supone la crianza de, al menos, tres hijos, tienen una serie de ventajas y también han sido contempladas de una forma extraordinaria en los planes estatales de acceso a la vivienda. Además de las deducciones del IRPF que están asociadas a estas unidades familiares, también se les facilita el acceso a la vivienda.
Por ejemplo, en el caso de ser una familia de estas características el Estado permite que haya una rebaja importante, cuando se adquiere una vivienda, respecto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), este es el impuesto que se paga cuando se compra una primera vivienda de segunda mano a otro particular. Respecto a las familias numerosas se reduce el impuesto al 4%, lo que hace que sea más fácil acceder a este preciado bien.
Las CC.AA. también disponen ayudas para vivienda
Al mismo tiempo que el Gobierno Central dispone estas tres principales líneas de ayudas: ayudas directas a menores de 35 años, ayudas para las familias numerosas y préstamos de avales del 20% para menores de 35 y familias con hijos a cargo, las comunidades autónomas también han dispuesto un paquete de medidas de ayudas para fomentar, también, el acceso a la vivienda. Aquí se describen algunas de esas ayudas.
En definitiva, desde Rastreator se comparan todos los productos que ofrecen las entidades bancarias, así como la aplicación a los mismos de las ayudas que ofrece el Estado y las CC.AA. en materia de acceso a la vivienda.