Como señalan algunas fuentes, sería la CIA la que diseñó la operación con el beneplácito de las autoridades franquistas. Había que crear un partido socialdemócrata del PSOE, que no lo había sido nunca, y se le financió. A cambio, se mantenían las bases estadounidenses en territorio nacional, se comprometía el ingreso de España en la OTAN y los socialistas renunciaban a sus principios. Dicho y hecho, y todo en tiempo récord, como recoge Alfredo Grimaldos, en su obra La CIA en España (Atalaya, 2017).
La democracia española no nació por generación espontánea. La UCD recibió dinero de la CDU y los liberales alemanes, y Alianza Popular de la CSU bávara, como también las derechas catalanas y vascas, mientras que el PCE lo recibía de la URSS y de Rumanía. Las potencias occidentales buscaban estabilizar España, como se hizo después de la caída del muro de Berlín con los países de Este, apoyando partidos y volcándose en la formación de cuadros políticos y sindicales. También en su momento Ciudadanos recibiría fondos del multimillonario irlandés fundador del movimiento europeo Libertas, y Podemos de Irán o Venezuela.
No hay nada nuevo bajo el sol. La partitocracia española se ha financiado con billeteras extranjeras. El PSOE se reforzó absorbiendo al PSP de Tierno Galván, al que los bancos no le refinanciaron las deudas electorales de la primera campaña para obligarle a integrarse en el PSOE; y la UGT integrando a buena parte de los cuadros sindicales de la USO, curtidos en la clandestinidad como los de CC.OO., a los que les ofrecieron cargos y responsabilidades, unido a una campaña en Interviú acusando a la USO (que luchó contra Franco) de estar a sueldo de la CIA.
El telón de fondo claro está era la Guerra Fría. Se trataba de homologar a una pieza geoestratégica del tablero -España- dentro del bando de los "buenos", es decir, Occidente. EE.UU. se encargaría de hacer entrar en razón al franquismo y al ejército, y el SPD alemán de dar alas al PSOE para taponar la temida irrupción de los comunistas españoles. La Transición supondría que el franquismo se haría el muerto y aparecería un sistema político que pudiera reconocer una mayoría social, pero sin una soberanía efectiva ni un elemento fundamental: la separación de poderes.
Aquello, con la anestesia inyectada por los medios de comunicación, nos condenaría a acabar en un sistema corrupto en donde el futuro se ha vuelto especialmente difícil y con una capacidad de reacción frente a ello casi nula. Los casos judiciales relacionados con corrupción política en España se reflejaban, en 2015, en unas 1.700 causas y más de 500 imputados o investigados, de los cuales, únicamente 20 han sido condenados y han entrado en prisión (Huffington Post, “Cifras de la corrupción en España”, 20 de abril de 2014). Alejandro Nieto puso sobre la mesa una reflexión, no lo suficientemente escuchada, sobre las causas profundas de la corrupción española, en su obra La corrupción en la España democrática (Ariel, 1997). El año pasado, Joaquim Bosch, en La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España (Ariel, 2022) también ha contribuido a arrojar luz al respecto.
La corrupción estructural y sistémica ha supuesto un coste para los ciudadanos cifrado en 40.000 millones de euros (a precios constantes de 2008), según un estudio de la Universidad de Las Palmas (“Relación entre corrupción y satisfacción”, Revista de Economía Aplicada, Vol. 22, Nº 64, pp. 31-58), en el que se describe que la corrupción nacional es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas oficiales y en el Índice de Transparencia Internacional. La clase, o más bien, casta política, ha desvertebrado administrativamente el Estado, convirtiendo sus competencias en un bazar oscuro y al servicio del mercadeo de caciques autonómicos. Los gobiernos de la supuesta izquierda (felipismo) y luego de la supuesta derecha (aznarato), abrazados a las oligarquías vascas y catalanas, consumaron la descentralización asimétrica del Estado en diecisiete taifas. Unos entes que no han parado hasta la fecha de maximizar el gasto y la deuda, generar duplicidades administrativas y engullir recursos, elevando la fiscalidad al trabajo y al comercio, golpeando a los sectores más proactivos y dinámicos de la sociedad, y lastrando el ahorro y el emprendimiento.
La unidad de mercado dentro del propio territorio nacional es una quimera con diecisiete poderes legislativos regionales, más el central, produciendo normativas y procedimientos que nos hacen cada vez más desiguales. El modelo territorial y administrativo español, uno de los más descentralizados del mundo, ha fomentado privilegios y discriminaciones por razón del lugar de nacimiento o políticas lingüísticas, cobijando entramados y subterfugios para sus redes clientelares. Parte de la población pasta en un neocaciquismo que alimenta el parasitismo. Todo ello sólo puede desmontarse a partir de un cambio cultural, de mentalidad, ante determinadas rutinas e inercias, pero que de momento no se atisba por ningún sitio.
Desde el comienzo de la Transición, las oligarquías político-corporativas fueron troceando la soberanía nacional, arrimadas a Juan Carlos para legitimar sus latrocinios presupuestarios y sus jaujas, al paraguas de una inmunidad e inviolabilidad real que permitía extraer jugosas componendas y bicocas en beneficio de las grandes estructuras de poder. Una revisión de los más significativo puede leerse en El Salto, “La larga caída de Juan Carlos I arrastra a toda la Casa Real” (25 de julio de 2020). En las mascaradas y mariscadas de los cenáculos de la Villa, los cortesanos se reían de todo y de todos, pero el periodismo institucional prefirió enmudecer y ser comprado, salvo algunas honrosas excepciones. Rebeca Quintans trata este asunto en el libro Juan Carlos I. La biografía sin silencios (Akal, 2016), en el que desmonta la imagen creada en los medios de comunicación y lo que se encubría bajo la campechanía.
Como ingrediente de las tramas, los cenáculos de la capital serían pinchados bajo los atentos micrófonos de un comisario de policía en excedencia, sin que el Régimen del 78 sepa hasta la fecha qué hacer judicialmente con él y sus audios, que atesoran tantos secretos, andanzas y miserias, como han tratado recientemente Gloria Elizo y Pablo Fernández Alarcón, en Villarejo, el emérito de las cloacas (Escritos contextatarios, 2022) y Carlos Enrique Bayo, en Villarejo: El poder de los secretos (Akal, 2023). Hablar de las cloacas de Interior es referirse a las vergüenzas y obscenidades de un Régimen jalonado de turbios episodios, como el 23-F o los “misterios” que rodean al 11-M, pasando por los romances de algunos sujetos con Marruecos y otras satrapías, o los juegos de tronos del Ibex. Los 40 Terabytes que integran los audios del excomisario podrían contener algunas que otras cargas explosivas que tambalearían aún más los cimientos y muros de cartón piedra del Régimen.
En los primeros años del Régimen del 78 el “café para todos” fue el “consenso” de las oligarquías centralistas y periféricas, para repartirse el juego entre ellas, blindarse legal y judicialmente, manoseando el Poder Judicial y entrando por las puertas giratorias, que tan bien han funcionado y lo siguen haciendo. En los 80 se abusó de la ingenuidad, confianza y buena voluntad de tantos millones de españoles esperanzados. Fue el tiempo de los primeros garabatos y pinceladas en el Boletín Oficial del Estado, en el que se fueron dejando orgánicamente las bases para los subsiguientes expolios y atropellos a costa del contribuyente y en nombre de la “Democracia”. Pero no todos los males proceden de las cúpulas del Régimen del 78, ni mucho menos solamente de quién ha personificado casi cuatro décadas la jefatura del Estado, devenido en comisionista internacional al servicio de algunos cortesanos. El juancarlismo fue un tiempo de vino y rosas, de pelotazos de las oligarquías políticas y corporativas blindadas por algunos jueces y entramados mediáticos.
Pero todo comenzó a cambiar con la aceleración de la agenda ideológica en la primera legislatura de ZP y con irrupción en la escena de la crisis de 2008, el 15M (2011), los desahucios, los 6 millones de parados, y tantas familias, pymes y pequeños comerciantes destruidos económicamente. Las mismas oligocracias que llevaron a España a la ruina decidieron buscar un chivo expiatorio. Y sacrificaron al propio monarca, creyendo que humillando al Borbón y poniéndolo en la picota pública quedarían redimidos. De momento, el que fuera titular de la Corona española 39 años, se encuentra en una especie de destierro o exilio inducido por Moncloa.
Sin embargo, como se ha comprobado en los últimos años, la corrupción institucional que carcome la médula espinal del Régimen se encuentra presente en todos los niveles de la Administración. El pésimo desempeño del sistema educativo español -como confirman las métricas internacionales (informes PISA)-, y la precarización laboral de los jóvenes, sumado a los precios de la vivienda y alquiler en las grandes ciudades debido a las políticas urbanísticas, o la destrucción de las cajas de ahorro son corresponsabilidad de amplias capas sociales y no el fruto de la negligencia de unos pocos.
Sería injusto apuntar sólo a la partitocracia de una situación que ha sido refrendada reiteradamente por amplias mayorías en las urnas. Son muchos dirigentes políticos y directivos de empresa, en su mayoría pertenecientes a la generación del baby boom, quiénes han construido las narrativas que han dirigido a España a ese espejismo tras el cual hay un abismo para la siguiente generación. Las conductas pusilánimes y silentes, o incluso cómplices, durante años en los que muchos ataban perros con longanizas y callaban interesadamente ante la corrupción desbordada que sucedía su alrededor, también han contribuido al actual estado de cosas, y a que hayan cristalizado tantos cotos privados, cortijos y correrías a cargo del contribuyente.
Todo esto por supuesto no ha salido gratis. Eurostat sitúa a España como el cuarto país con mayor tasa de pobreza y/o exclusión, solo por detrás de Rumania, Bulgaria y Grecia (Eurostat, Living conditions in Europe - poverty and social exclusion, junio 2023). En España hay 12,3 millones de personas en esta situación. La desigualdad entre ricos y pobres aumentó en España en 2021 más que en los últimos 13 años, según el informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Según la tasa AROPE, en 2022, un 21% de los ciudadanos se encuentran actualmente al borde de la pobreza: "No sólo creció respecto al año pasado, 2021, sino que se mantuvieron las diferencias de género” (Proverty Watch España 2022, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España).
Como ha denunciado Oxfam Intermón en su informe “Sobra mucho mes al final del sueldo” (2023), la desigualdad comenzó a disparase en los primeros años de la crisis que estalló en 2008, llegando a registrar su máximo histórico en 2013, casi 35 puntos en el índice de Gini. Aunque posteriormente la distancia entre la población más rica y la más pobre se redujo ligeramente, la desigualdad se quedó en los 32,1 puntos. En el resto de Europa, también aumentaron las diferencias, pero con mucha menos intensidad (medio punto en Europa por 2,3 puntos en España de 2007 a 2013).
El acusado crecimiento de la desigualdad en España se debe, según el mencionado informe, a la elevada informalidad (superior al 20%), un tejido empresarial debilitado, una fuerte precariedad laboral (por encima de la media europea), una especialización productiva donde los servicios de bajo valor añadido tienen un peso destacado y un limitado margen de maniobra a nivel fiscal y presupuestario. Estos datos reflejan la situación social del Régimen del 78, un desequilibrio que no ha sido corregido, y mucho menos es esperable que lo realice la actual partitocracia, por mucha propaganda institucional con que riegue a los medios para tapar la realidad de su pésima gestión.