Resulta simplemente cómico -si no fuese por la gravedad extrema, la repugnancia y la iniquidad de cuanto hay detrás- que sea precisamente Sánchez el que se arrogue el conocimiento de la normativa o la doctrina o la jurisprudencia en materia de delitos de terrorismo, pero la realidad es que, cual caudillo drogado de poder, al inquilino de Moncloa poco le importan las leyes, que por lo demás (deliberadamente o no) ignora de medio a medio.
El cuadro es en sí mismo cómico, porque quien pretende enmendar a la alta magistratura del Estado es un tipo que, en su tesis doctoral “cum fraude”, y como quedó sobradamente acreditado, construyó un adefesio pseudocientífico, un Frankenstein pseudo académico a base de copiar burdamente a terceros autores, de ‘fusilar’ a lo loco informes del gobierno de Zapatero y de volcar sobre su tesis, en definitiva, pura chatarra, material averiado que además ya había sido publicado, como quedó en todos los puntos confirmado.
Y aquí estamos. Un impostor que incluso llegó a ocultar su tesis ‘cum fraude’ haciendo posible sólo la consulta en papel en una biblioteca universitaria (sin registro electrónico) aspira a derrotar dialécticamente, en conocimiento, a quienes se han dedicado medio siglo al estudio y la aplicación de los preceptos más profundos y especializados de la delicadísima ciencia del Derecho. Él, maestro en el uso de los ‘corta-pegas’ y máximo exponente de lo que se considera en el argot “falta de integridad académica”.
Hasta los peores delincuentes tienen derecho a defenderse en los juzgados y tribunales, en un régimen democrático de Derecho. Sánchez se ha puesto vergonzosamente la toga para defender a una cuadrilla de forajidos y seguir en el machito en esta legislatura tan iniciática como ya agónica. Ésa es su misión. La de quienes investigan a malhechores, les procesan y condenan a cárcel no sólo están en la obligación de actuar con la indudable independencia e imparcialidad que hasta ahora han acreditado sino, por pura higiene democrática, de cortar de raíz los atropellos y las agresiones de un autócrata que, definitivamente, ha enloquecido. Es lo mínimo que de esa alta magistratura del Estado nos merecemos.