Entienden los socialistas, y por descontado los miembros del gobierno, y por consiguiente su primera cabeza, que hemos entrado de lleno en una cacería, en una persecución infundada, en un linchamiento que incluye penas de telediario contra personas inocentes (sea ‘la esposa’ o ‘el hermano’) que no han roto un plato y cuyas actuaciones han sido indiscutiblemente pulcras, inmaculadas. Pero no es así.
Ya le gustaría a Sánchez, de la misma manera que se ufana de controlar la desprestigiada Fiscalía General del Estado, controlar del primero al último juzgado, del primero al último de los tribunales de España. Pero esto es algo que, siendo para él un indisimulado sueño bolivariano, para los españoles se convertiría en una auténtica pesadilla.
No. En el marco de un Estado social y democrático de Derecho (como queda consagrada España en la Constitución del 78), no cabe la impunidad para el jefe del gobierno, ni para sus familiares más cercanos, ni para aquellos que -por la razón que fuere, incluida la sectaria, ideológica o partidista- le cuadren al mentado jefe del ejecutivo. ¡Mucho menos cabe la inmunidad!
Por desgracia, Sánchez piensa en eso, en el autogolpe, en el convencimiento de que puede violar la legalidad vigente y asumir poderes extraordinarios para afianzarse y perpetuarse, como pura casta parasitaria, en su posición. Por suerte, en España existen y funcionan juzgados y tribunales en los que se opera con diligencia, con neutralidad, con independencia, con integridad. Todos, valores que al filo-bolivariano círculo sanchista le costará aplastar y erradicar. Todos, valores que sólo un lunático podría pensar en arrancar con facilidad y poco coste.