El partido de Abascal sacrifica a casi 200 altos cargos en las CCAA, entre vicepresidencias, consejerías y direcciones autonómicas, aunque blinda sus 114 alcaldías con el PP. La formación advierte de la dificultad del partido de Feijóo para ganarse a partir de ahora “el sí" en cada negociación bilateral mientras sostiene que su relación durante los próximos tres años se basará en negociaciones “punto por punto”. Génova acusa a su vez a Vox de tener miedo al efecto Alvise -que consiguió 800.000 votos-, y de deslizarse “hacia la radicalidad" no solo de puertas adentro, sino por adherirse también al nuevo grupo europeo de Viktor Orbán -Patriotas por Europa- con “vocación de erosionar al PP".
El riesgo de dar por acabada una “forma alternativa de gobierno” en España, pondrá a prueba la resistencia de la formación que ha perdido 30 escaños y hasta cinco puntos porcentuales de voto, manteniéndose aun como tercera fuerza `política por la divisiones de la izquierda.
Los populares hacen de la necesidad virtud y anuncian la intención de seguir gobernando “para todos”, con puertas abiertas a los cargos públicos que deja Vox“ para que continúen en su caso. Eso sí, lamentan una decisión tan “injustificada como incomprensible”, que rebaja la presión a la insostenible situación del gobierno de Sánchez y los múltiples casos de corrupción que le rodean.
El PP deja a Vox sin representante en la Junta Electoral, cuya renovación parcial -al menos 5 de sus 13 integrantes- se repartirá de nuevo el bipartidismo de PP y PSOE. Las últimas decisiones de la JEC han sancionado dos veces al presidente Sánchez, y también a las ministras Portavoces del ejecutivo, Isabel Rodríguez y Pilar Alegría, por “electoralismo” y falta de neutralidad desde La Moncloa, con multas de 4.700 y 2.200 euros. El órgano electoral, además, ya abrió expediente sancionador a Tezanos tras publicar un CIS sobre la carta del presidente del Gobierno a los ciudadanos.
Mordaza de Sánchez a los medios
Después de vulnerar la separación de poderes, monopolizar a la Fiscalía del Estado y a abogacía también, amenazar una y otra vez a la oposición, señalar a los jueces y utilizar el propio ejecutivo desde la Moncloa como contrapoder, Pedro Sánchez intenta ahora a amordazar a los medios de comunicación a los que divide entre quienes propagan su doctrina oficial y cuantos se atreven a difundir los bulos que no son del agrado del gobierno Frankenstein.
Los detalles del tan cacareado Plan de calidad democrática, denominado también ‘programa de regeneración’, se conocerán la próxima semana en una comparecencia estelar disfrazada de batiburrillo para informar de la Cumbre europea, el agrietado aniversario de la OTAN, y hasta el triunfo de la izquierda insumisa y radical en Francia de la que se congratula el gobierno en pleno.
La mordaza que se cierne sobre la prensa aparece disfrazada de transposición de La Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), en vigor desde mayo de 2024, cuyo objetivo es mejorar la integridad del mercado interior y proteger el pluralismo y la independencia de los medios. Los compromisos de la UE de respetar la libertad, el pluralismo y defender la libertad de expresión -que incluye el derecho a recibir y difundir información sin injerencias de las autoridades públicas- están consagrados en el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Lejos de ello, la intención del Ejecutivo no es otra que limitar la financiación pública de los medios y reformar las leyes orgánicas del derecho al honor, de rectificación y de publicidad institucional, cuya vigencia desde hace veinte años ha sido desbordada por el fenómeno de la digitalización. En el foco de la artillería gubernamental están todos los medios supuestamente ‘felones y contrarios’ a la doctrina oficial que se permiten airear informaciones sobre el nepotismo de la familia del inquilino de la Moncloa y su imputación judicial, frente a la prensa encargada de zaherir a la “fachosfera” de la oposición y a cuantos osan vestir la toga judicial.
Cual aviso a navegantes, el presidente también expondrá su propuestas para limitar la financiación pública de medios, tras ondear la bandera de la transparencia de los digitales, a los que (des) califica de entrada como pseudomedios y declara inaceptable el sustento público de la desinformación, los bulos y hasta de un fango unilateral, por lo que reclama un porcentaje máximo de financiación pública para ellos.
Peregrinación de Puigdemont para cruzar los Pirineos
Los fugados del procés independentista vuelven donde solían seis años después, recibidos por la Generalitat y el Parlament en el que se sublevaron, como héroes del secesionismo. Es el caso de Marta Rovira, secretaria general de ERC, tras decaer la acusación por terrorismo, igual que los ex diputados refugiados en Ginebra, Rubén Wagensberg, Oleguer Serra y Jesús Rodríguez, después de quedar extinguida la causa contra los imputados por los disturbios de Tsunami Democràtic. Todos ellos volverán con la misma impunidad con la que escaparon, mientras la dirigente republicana podrá moverse con escolta e incluso con chófer, dispuesta a retomar directamente la negociaciones para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente del Govern a cambio de una financiación tributaria y singular para Cataluña, incluida la condonación de su deuda.
Idéntica peregrinación prepara Puigdemont con una caravana de fieles para cruzar los Pirineos e intentar evitar su detención. El juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, rechaza amnistiar al expresidente catalán, todavía prófugo de la Justicia, junto a los demás implicados en la injerencia rusa del secesionismo, con petición al Tribunal Supremo para investigar los presuntos delitos de traición, malversación y organización criminal.
La dirigente independentista se fugó después de que el juez Manuel García-Castellón abriese una causa contra ella y otros dirigentes independentistas como responsables del grupo Tsunami que instigó las protestas callejeras contra la sentencia del Supremo que condenó a los políticos catalanes vinculados al proceso independentista. Un error del juez al prorrogar fuera de plazo la fase de instrucción invalida las diligencias realizadas en los últimos tres años.
El PP recusa al Constitucional
El PP intenta evitar la mayoría en el Tribunal Constitucional que anule las condenas de los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán en los ERE por los que fueron sentenciados. El partido de Feijóo recusa así a las magistradas Inmaculada Montalbán y María Luisa Segoviano, al tiempo que reclaman la abstención de su presidente, Conde Pumpido, que ya se inhibió en la misma causa en el Tribunal Supremo, lo que abocaría a un empate a cuatro votos en los recursos que deben dirimirse. El vicesecretario de Política Autonómica del PP, pidepide la abstención de los tres magistrados en unas deliberaciones en las que solo la primera, Montalbán, fue ponente o participó en 22 sentencias relacionadas con la causa como miembro de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de Andalucía. Para Elías Bendodo, la participación en las deliberaciones “arrastra el buen nombre” del Constitucional que no puede convertirse en el órgano de relectura de las decisiones de 20 tribunales, además del Supremo.
Trilerismo gubernamental en el BdE
En plena negociación del gobierno con el PP para renovar las instituciones, Sánchez se mofa de Feijóo al proponer a uno de sus ministros como Gobernador del Banco de España. La designación de un miembro del Ejecutivo en una institución del Estado es incompatible con el espíritu del pacto que desbloqueó el CGPJ firmado por ambas partes. La intención gubernamental es sustituir a Hernández de Cos antes de final de mes. La decisión de proponer al ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, José Luis Escrivá, conculca el espíritu del pacto firmado en Bruselas para renovar el Poder Judicial que incluye despolitizar la Justicia y la independencia de los candidatos a los cargos. El trilerismo de la Moncloa dinamita las conversaciones entre Félix Bolaños y Cuca Gamarra para consensuar la que sería la primera gobernadora en la historia de la institución, cuyas candidatas son la vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez; la actual subgobernadora del BdE, Margarita Delgado; la consejera del Banco, Soledad Núñez; y la actual responsable del Tesoro, Paula Conthe.