De la justicia republicana a la justicia sanchista
La estrategia no es ni mucho menos nueva. Ya se orquesto en la segunda República con la denominada “republicanización” de la Justicia y el alcance de sus reformas legislativas para modelar una “justicia diferente”, de acuerdo con sus promotores. El modus operandi no fue otro que debilitar las garantías de celebración de juicios justos, con nombramientos y traslados de jueces en función de intereses partidistas, violentando también la labor de los magistrados y el desarrollo de una administración judicial ad hoc. Ayer como hoy, continúa siendo significativa la preocupación por la relación entre el debilitamiento de la independencia judicial y el deterioro "iliberal" de las democracias. De ello se ocupa el profesor Marzal Rodríguez en un trabajo que permite medir la injerencia de aquellos Gobiernos en la alta magistratura.
Casi un siglo después, hemos pasado de la ‘justicia republicana’ a la ‘justicia sanchista’, que ha conseguido aplicar el régimen del presidente del Gobierno para mantenerse en el poder retorciendo las leyes. Consiste no solo en fulminar las figuras delictivas a beneficio del secesionismo, esto es, cambiar leyes por votos, además de fabricar bulos mafiosos, como de inventar falsos carnets y hasta pisos ajenos para intimidar a los magistrados que imparten la justicia y persiguen la corrupción.
La estrategia también es sencilla: airear una y otra vez la fotito del narco de Feijóo -en la que se ha intentado colocar incluso a su mujer-, mientras se pretende ocultar el mural de los 19 condenados por malversar nada menos que 670 millones de las arcas públicas de Andalucía.
El caso Begoña Gómez
Por primera vez en democracia, la esposa de un presidente del Gobierno comparece ante los tribunales -en una audiencia aplazada y evitando el pasillo mediático-, investigada por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El magistrado que abrió diligencias hace varias semanas, da el paso después de levantar el secreto de las actuaciones y ordenar la ronda de declaraciones de otros testigos para indagar en los hechos. Su intención es investigar "todos los actos, conductas y comportamientos" llevados a cabo por Begoña Gómez "desde que su esposo es el presidente del Gobierno" quien, a su vez, insiste en que los jueces no encontraran “nada de nada”.
La mujer del cesar hispano tiene abiertos numerosos frentes que afectan a ministerios, empresas públicas y privadas, instituciones académicas y hasta comisionistas profesionales de la aerolínea Air Europa, rescatada con 615 millones en pleno Covid. Hasta doce empresas estatales o colaboradoras con la Administración -Correos, Enisa, la SEPI, Red.es, el CSIC, Cámara de Comercio de España, ICEX, Tragsa, UCM, Cofides, Red Eléctrica y la ONCE- han promovido la carrera y negocios de Begoña Gómez desde 2018. A éstas se suman otras empresas participadas por el Estado como Telefónica e Indra.
La última revelación del caso incluye la asignación de una ayudante personal de Begoña Gómez, con rango de directora general en el Ministerio de Presidencia de Félix Bolaños, cuyo cometido ha sido la gestión y el cobro de matrículas de su master en la Universidad Complutense, así como la adjudicación de contratos menores, incluso con Correos, de 7.000 euros.
Regulación de la figura del cónyuge
Tales irregularidades han llevado al PP de Feijóo a exigir la regulación de la figura de la cónyuge del presidente del Gobierno. Para la secretaria de organización popular, Cuca Gamarra, estos hechos suponen un "claro conflicto de intereses" y una actuación "por encima de la ley". También revelan "el aprovechamiento de su posición" para "un beneficio personal". Vox, por su parte, ya ha registrado la petición para que la Cámara de Cuentas de Madrid fiscalice los contratos de la Cátedra de Gómez con las empresas de las que obtuvo financiación.
Descredito del TC
La falta de imparcialidad de la mayoría progubernamental del Tribunal Constitucional hunde en el descrédito a un órgano que su presidente, Cándido Conde-Pumpido, parece no tener reparos en situar al servicio del Gobierno. El desmontaje de las condenas del caso EREs, el escándalo de las ayudas al desempleo que el PSOE repartió entre sus afines desde la Junta de Andalucía para mantenerse en el poder, supone una invasión en la legalidad ordinaria, terreno al que el TC tiene vedado entrar. Una vez más, y tras enmendar la sentencia del Tribunal Supremo , el TC se erige en un tribunal de última instancia, lo que prefigura una eventual revocación del auto en el que el alto Tribunal declara que la Ley de Amnistía no se puede aplicar en los delitos de malversación.
El voto particular de los jueces discrepantes denuncia la extensión de un “privilegio de inviolabilidad e inmunidad" que deja al margen de todo control el proceso de elaboración y ejecución presupuestaria de algunos gobiernos autonomicos. El propio Conde-Pumpido, antes de la deliberación y sin ser el responsable de la ponencia sobre los EREs, llegó a arrogarse la paternidad sobre la anulación de las sentencias que afectarán a otros condenados por malversación como el ex presidente andaluz, José Antonio Griñán.
Sanchez desprecia el Parlamento
Por enésima vez, el presidente del Gobierno deja de asistir a las sesiones del Congreso, la penúltima solo presente para votar la amnistía -y evitar las hemerotecas- y ahora con una ausencia total en el debate para renovar el Consejo del Poder Judicial que continúa su tramitación parlamentaria.