No se trata sólo de Rusia. También los actores chinos actúan en este sentido. Por ejemplo, una empresa china financió clandestinamente demandas de propiedad intelectual contra Samsung. Se trataba de utilizar una empresa tecnológica de Florida como tapadera para intentar demostrar que Samsung había utilizado supuestamente su propiedad intelectual en sus populares productos de audio.
Conducta delictiva
Un caso destacado en este sentido se refiere a una disputa sobre los límites territoriales de Malasia, en la que el país fue desafiado legalmente por los presuntos herederos filipinos del sultán de Sulu -ahora conocida como la provincia malasia de Sabah- a pagarles una indemnización basada en un tratado colonial de 1878 entre los británicos y el sultán. Malasia había mantenido el acuerdo británico de pagar indemnizaciones tras la independencia, pero dejó de hacerlo en 2013, después de que una invasión armada procedente de Filipinas matara al menos a 60 personas. Estas personas consiguieron que un tribunal de arbitraje español concediera una indemnización de 15.000 millones de dólares a Malasia. Poco después, se congelaron los activos de la empresa energética estatal Petronas en Luxemburgo.
Detrás de todo esto está, al parecer, una de las mayores empresas del mundo especializada en la financiación de litigios, Therium, con sede en el Reino Unido, que habría invertido más de 20 millones de dólares en el pleito. Un hecho digno de mención aquí es que el juez de arbitraje español del caso, Gonzalo Stampa, fue condenado penalmente a seis meses de prisión, por trasladar el caso de Madrid a París, en contra de una orden judicial española. Según los expertos, esto significa que todo el juicio podría ser anulado.
Petronas ha citado ahora en Estados Unidos a Therium Capital Management, financiadora del litigio, acusándola de mala conducta al ignorar que la autoridad de Stampa como árbitro había sido revocada porque la empresa le había pedido que trasladara el caso a París.
Acción legislativa
En una carta enviada en octubre al Congreso estadounidense por las grandes empresas farmacéuticas Bayer y Johnson & Johnson, éstas exigen más transparencia y se quejan de que el sector de la financiación de litigios "hace todo lo posible por operar en el más absoluto secreto". Así, acusan a los terceros financiadores de "manipular a menudo los pleitos civiles para sus propios fines". Además, la Cámara de Comercio de EE.UU. alega que la financiación por terceros podría permitir a los rivales geopolíticos de EE.UU. hacerse con información confidencial sobre tecnologías sensibles. Es muy posible que así sea, ya que la financiación de litigios por terceros afecta con demasiada frecuencia a pleitos relacionados con la propiedad intelectual.
Un proyecto de ley estadounidense pretende abordar esta cuestión restringiendo más estrictamente la capacidad de las entidades extranjeras para financiar pleitos en EE.UU. Está patrocinado por el representante Mike Johnson, miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, quien comentó: "Los Estados extranjeros y los fondos soberanos no deben entrometerse en nuestro sistema judicial: "Los Estados extranjeros y los fondos soberanos no deben inmiscuirse en nuestro sistema judicial. Este proyecto de ley impide que actores extranjeros como China financien pleitos malintencionados, protege industrias críticas y prioriza los intereses de los estadounidenses en los tribunales."
En Europa también se están preparando acciones legales. El año pasado, el Parlamento Europeo propuso que la Comisión Europea emitiera una directiva para regular la financiación por terceros en la UE. Esto implicaría una serie de obligaciones específicas de divulgación y transparencia, así como un deber fiduciario de diligencia por parte del financiador hacia la parte financiada, y limitaría el interés financiero de los financiadores al 40% del importe de los daños concedidos, salvo en circunstancias excepcionales.
Desde luego, no es mala idea exigir transparencia sobre quién financia en última instancia un determinado pleito, aunque hay que tener cuidado de no poner en peligro el acceso a la justicia. En sí misma, la financiación por terceros es útil para ayudar a los actores menos pudientes a acudir a los tribunales y buscar justicia. Entonces, en lugar del enfoque burocrático de la UE, sería mejor permitir que los jueces decidan caso por caso hasta qué punto los demandantes deben ser transparentes.