Con tan solo un año de vida, fue acogido por Dolores, su esposo Aurelio y la hija de ambos. Esta familia ha sido su hogar desde entonces, brindándole amor y cuidados como a un hijo propio. Sin embargo, lejos de recibir apoyo por su desinteresada labor, se han enfrentado a numerosas trabas administrativas.
Durante su infancia y adolescencia, Kevin estuvo bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, aunque creció y vivió plenamente integrado en la familia de acogida, que posteriormente se trasladó a vivir a Huelva. Al cumplir los 18 años, la tutela de la Junta finalizó formalmente, pero la relación con su familia de acogida continuó bajo una prórroga administrativa hasta los 21 años. Fue entonces cuando la Administración le asignó un NIE (Número de Identificación de Extranjero), un error que a la postre tendría graves consecuencias.
En 2015, las autoridades decidieron que, al ser su madre de nacionalidad marroquí, él también debía ser considerado marroquí. Basándose en esa absurda lógica, se le cambió administrativamente el nombre a “Abdul Bouragba”, modificación que se incluyó en su partida de nacimiento, a pesar de la oposición de Kevin y su familia de acogida. Este cambio forzoso de identidad, además de causar un profundo impacto emocional, generó una desconexión total entre la realidad de Kevin y la visión burocrática que se le imponía.
“Para todos nosotros y para él, Kevin sigue siendo Kevin, pero para el gobierno ahora es Abdul”, lamenta Dolores, su madre de acogida. Este cambio no solo afecta al nombre, sino que simboliza la voluntad de la administración de vincular forzosamente a Kevin con Marruecos, un país en el que nunca ha vivido, del que no tiene referencias y con el que no mantiene ningún vínculo afectivo, familiar ni cultural.
El problema se agrava porque la Subdelegación del Gobierno en Huelva y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública le exigen ahora que presente un pasaporte marroquí y un certificado de antecedentes penales de Marruecos para poder tramitar la nacionalidad española y renovar su cédula de inscripción. La paradoja es que, al no estar registrado en el sistema administrativo marroquí, Kevin no puede obtener esos documentos. Esta no es una opinión, sino una realidad certificada por el Consulado General de Marruecos en Madrid, que, el 22 de julio de 2019, emitió un documento en el que afirmaba que Abdul Bouragba (es decir, Kevin) no está inscrito en su Registro Civil.
A pesar de esta evidencia, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública denegó la solicitud de nacionalidad de Kevin. En la resolución, firmada por María Ester Pérez Jerez el 21 de mayo de 2024, se argumentó que Kevin no ha demostrado un “suficiente grado de integración” en la sociedad española por no haber superado los exámenes de conocimientos de español (DELE) y de cultura cívica (CCSE). Esta decisión resulta, cuando menos, incoherente, ya que Kevin ha pasado toda su vida en España, ha sido escolarizado en centros públicos españoles y su lengua materna es el castellano, único idioma que habla con fluidez.
El 29 de abril de 2024, la Subdelegación del Gobierno en Huelva, María José Rico, firmó una resolución que dio un plazo de 15 días a Kevin para abandonar España, estableciendo como destino Marruecos, un país donde nunca ha estado ni tiene familia ni apoyo. La lógica de la orden de expulsión es insostenible: ¿cómo se puede “volver” a un lugar donde nunca se ha estado? Este acto atenta contra los principios básicos de protección de los Derechos Humanos y el principio de No Devolución (Non-Refoulement) recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Hoy en día, Kevin vive en una situación de incertidumbre total. Aunque ni él ni su familia de acogida creen que la expulsión llegue a concretarse, la amenaza sigue vigente.
El 19 de diciembre de 2024, ante la presión mediática generada por el caso, Kevin y su familia de acogida fueron recibidos en el despacho de la Subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, representante de Pedro Sánchez en la provincia. Sin embargo, lejos de ofrecer una solución, la Subdelegada se mantuvo firme en la idea de que Kevin es marroquí y le exigió que realizara los trámites correspondientes para acreditar dicha nacionalidad.
Esta postura resulta incomprensible, especialmente cuando está claro que Kevin es un ciudadano español atrapado en un enrevesado y absurdo laberinto administrativo creado por la propia Administración. En lugar de reconocer el error de origen y buscar una salida, la Subdelegada, aparentemente para no admitir que firma electrónicamente documentos sin leerlos con detenimiento, insistió en trasladar la responsabilidad al propio Kevin, exigiéndole que complete unos trámites imposibles de realizar.
Lo más indignante fue la actitud adoptada hacia Kevin, a quien se le culpó de no haber gestionado adecuadamente los procedimientos administrativos. Esta acusación resulta, cuando menos, paradójica, ya que se le pide que obtenga documentos marroquíes que ni siquiera existen, dado que Marruecos no lo reconoce como ciudadano de ese país.
En este contexto, la situación de Kevin no solo pone de manifiesto la frialdad y la rigidez de la burocracia, sino también la falta de empatía y de responsabilidad por parte de quienes tienen el poder de corregir esta situación.
Llegados a este punto, María José Rico debe dimitir por un comportamiento que roza la prevaricación y que deja en evidencia el tipo de personas que Pedro Sánchez coloca en cargos de alta responsabilidad.