Aunque la investigación sobre estas formas de proceder por parte de un equipo de la Guardia Civil se desarrolla en los juzgados de instrucción de Madrid, de forma separada a la causa de la Audiencia Nacional cuya investigación podría verse viciada por infringir os investigadores el principio de legalidad, el magistrado responsable de la causa principal, Santiago Pedraz lleva tiempo exigiendo conocer una serie de detalles, a instancia de las partes, que le permita conocer lo sucedido y saber hasta qué punto una investigación contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico se ha podido ver comprometida.
En esa investigación, además del grupo de delitos económicos de la Guardia Civil en Madrid, ha intervenido la Unidad Central Operativa (UCO). Ante los requerimientos del juez han mostrado dos actitudes bien distintas: mientras la UCO respondió con rapidez y aseguró no haber participado en las vigilancias cuyos informes podrían haber sido falsificados ni disponer de fotos o metadatos que las respalden, el Grupo de Delitos Económicos —al que pertenece el brigada Sergio B. M.— presentó su contestación con retraso y se refugió en la Ley de Secretos Oficiales para justificar su negativa a facilitar más datos. No es la primera vez que sucede esto: cuando las defensas de los investigados pidieron conocer si los nombres mencionados por Sergio B.M en la conversación cuyos audios salieron a la luz, eran los de agentes reales o se trataba de invenciones, como sostuvo el brigada en un relato en que su papel era el de agente encubierto, su superior en la Guardia Civil, también se amparó en la Ley de Secretos Oficiales para no revelar este extremo. Un informe posterior de la Policía Nacional adscrita a la Audiencia Nacional ha puesto en evidencia que, en efecto, los nombres revelados por Sergio B. M a una mujer del entorno de Borja Villacís con el que él mantenía una relación, eran reales. Ese informe policial solicitado por Pedraz confirma igualmente que, como denunciaron las defensas de los investigados en esta causa, se utilizaron balizas de seguimientos sin la preceptiva autorización judicial y se obtuvieron igualmente de forma irregular.
Así, mientras la UCO, principal unidad de investigación criminal de la Guardia Civil, afirma desconocer por completo las vigilancias solicitadas, una postura que contrasta con la actitud del Grupo de Delitos Económicos. Este último, además de demorar la entrega de la información solicitada por el juzgado, ha evitado aportar la documentación requerida, perpetuando así la opacidad en torno a los hechos investigados.
La Audiencia Nacional, mediante un auto de este mismo mes, insiste en la obligación de entregar datos básicos como los números de identificación (TIPS) de los agentes y los horarios de servicio, para garantizar un proceso justo. Además, el tribunal señaló que, si no existen imágenes ni metadatos de las vigilancias supuestamente realizadas, debe indicarse explícitamente, con el fin de evitar la indefensión de los investigados. En este caso en concreto se solicitan 96 horas seguidas de vigilancia a una furgoneta. Pese a la respuesta inicial, Pedraz reiteró que se cumpliera su providencia, pero el Grupo de Delitos Económicos, tras la reiteración , respondió que ya había contestado y volvió a enviar el mismo documento firmado por el Capitán, amparándose nuevamente en la Ley de Secretos Oficiales . Esta negativa resulta especialmente sospechosa después de que el propio Sergio B. M. admitiera haber falsificado esas vigilancias.
Las defensas de los investigados en esta causa sostienen que esta forma de actuar por parte de los guardias civiles choca de lleno con las garantías procesales y compromete seriamente el derecho a la defensa de los investigados.
EL CASO ALDAMA: PATRÓN DE OPACIDAD
No es la primera vez que se recurre a la Ley de Secretos Oficiales para no aportar información crucial. En el conocido caso Aldama, el entonces coronel jefe de la UCE-2 (unidad encargada de investigaciones relacionadas con terrorismo internacional) se amparó en esta norma para evitar explicar ante el juez las razones por las que condecoró a Víctor de Aldama en 2022.
Las consecuencias de estas maniobras, de la falta de transparencia, van más allá de los implicados directos. Cualquier institución que manipule pruebas u obstruya investigaciones judiciales mina la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Sin transparencia y responsabilidad, se abre la puerta al abuso de poder y a la corrupción.
“La ciudadanía española merece fuerzas de seguridad que actúen con legalidad y rectitud. Por ello, las recientes revelaciones sobre el uso de balizas sin autorización, la elaboración de seguimientos ficticios y la negativa a cumplir con órdenes judiciales exigen respuestas contundentes que permitan restaurar la credibilidad del sistema judicial y de la propia Guardia Civil”, defienden los abogados implicados en la causa.