Durante la presentación del documento, elaborado por el citado Comité, los intervinientes han resaltado que la colaboración público-privada supone una estrategia clave para potenciar la eficiencia y la evaluación constante en los procesos de contratación con el sector público, al tiempo que favorece la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, según recoge el documento, actualmente persisten ciertos obstáculos que restan eficiencia al proceso de contratación en torno a la definición del objeto del contrato en los pliegos de licitación, el cálculo del valor estimado del contrato, la justificación en los criterios de adjudicación del proyecto o la escasa estandarización de modelos donde se especifiquen claramente requisitos que debe tener el licitador por tipo de proyecto y contrato, lo que se traduce en una heterogeneidad que alarga el proceso burocrático y la ejecución del proyecto.
En la presentación han participado el presidente del CGE, Valentín Pich; el director de Economía y Estudios de Fomento del Trabajo Nacional, Salvador Guillermo; el presidente del REA, Emilio Álvarez; Carlos Obeso, socio director de PUBLIC.ON LEGAL, SLP y coautor del documento, y Ana Moreno, coordinadora del Comité del Sector Público del CGE.
Durante su intervención, Valentín Pich ha recordado que, en 2023, el gasto Público alcanzó aproximadamente el 45,5% del PIB, lo que resalta su papel esencial en la economía española. Según Pich, “la contratación pública debe orientarse a maximizar el valor económico y social del gasto público, promoviendo una evaluación constante y una cultura de mejora continua para reforzar la transparencia y la eficacia”. También destacó los avances en digitalización y contratación electrónica, que están modernizando el sector y posicionando a España como un referente en el uso de la contratación pública como motor de desarrollo económico. Además, subrayó que, “las bajas temerarias, las cuales tienen un efecto acumulativo, condicionan los costos de las auditorías, dificultando su ejecución y limitando posiblemente su calidad. Por ello, es necesario identificar umbrales de saciedad para la valoración de las ofertas económicas con el objetivo de desincentivar la presentación de este tipo de propuestas”.
A continuación, Salvador Guillermo, ha impartido una ponencia sobre la importancia económica de la contratación pública en la que aportó los siguientes datos significativos a este respecto. Así, según expuso Salvador Guillermo, “la contratación pública en España en el último año con datos conocidos en el 2023, se sitúa en torno al 11,55% del PIB, representando casi ya el 25% del total de gasto público. Estamos hablando de casi 200.000 licitaciones al año para el conjunto de las administraciones, con un crecimiento en el importe sobre el precio base de licitación de un 8,5%. Mayoritariamente, el mecanismo utilizado ha sido el procedimiento abierto que supone el 76,14% del total, esencialmente en contratos de servicio, suministros y obras, los cuales vienen a representar en torno al 94%”. Por lo que, para el director de Economía y Estudios de Fomento del Trabajo Nacional, “finalmente, todo ello pone de manifiesto la importancia que la contratación pública tiene en nuestro país con un volumen tan importante que representa un cuarto del total de gasto público. De ahí la necesidad de articular medidas y mejoras en todo el proceso para producir mayor eficiencia en su desarrollo”.
Durante su intervención, Carlos Obeso destacó que “la incorporación de los tribunales especiales en materia de contratación ha contribuido a instaurar una cultura sólida en los procesos de adjudicación de contratos tanto para los órganos de contratación como para los licitadores”. Sin embargo, según indicó, “resulta imprescindible extender esta cultura a las fases previas a la licitación y posteriores a la adjudicación”. “La eficiencia en la contratación exige definir las competencias profesionales de los gestores de la compra pública, ya que esto es clave para configurar adecuadamente los contratos y evaluar, tras su ejecución, el grado de cumplimiento de su objeto, promoviendo así la mejora continua de los pliegos”, concluyó.
Tras las intervenciones se ha celebrado un pequeño coloquio coordinado por Emilio Álvarez y Ana Moreno, en el que el presidente del REA ha remarcado la importancia de la colaboración público-privada “tanto en el marco de la propia contratación como en la evaluación constante de las diferentes fases del proyecto”. En este mismo sentido se ha manifestado Ana Moreno, quien ha incidido en que “precisamente el comité trabaja en identificar y promover las ventajas que surgen de la colaboración entre el sector público y privado en el ámbito de la auditoría y los marcos de ejecución de esa colaboración”.
Entre las principales propuestas de mejora que se han expuesto, contenidas en el documento están: