Ahora quieren imponer la jornada laboral de 37,5 horas cargándose el Diálogo Social que hará un 'agujero' de más de 20.000 millones a las empresas. Poco les importa que el absentismo laboral esté desbocado y cueste a las empresas 13.961 millones, el triple que hace diez años, una verdadera lacra para el tejido empresarial español, pero también para las arcas públicas. Poco les importa que la productividad de España se encuentre en horas bajas, no logre salir del bache y siga lejos de la europea. Pero lo más grave de todo es que conociendo las consecuencias nefastas que tiene cargarse la negociación colectiva, y no tener en cuenta la adaptación por sectores y tamaño de empresa, les da igual. Su triunfo personal les importa más que miles de pymes y autónomos cierren y los trabajadores pierdan su empleo, en lugar de centrarse en ayudarlas a ser viables.
Poco les importa que el pequeño comercio atraviese un momento crítico con el cierre de 5.379 establecimientos en el último mes, que evidencia la fragilidad de un sector que lleva años resistiendo sin un respaldo suficiente, donde miles de autónomos que dependen de su actividad para subsistir se ven obligados a bajar la persiana sin perspectivas de recuperación.
El comercio de proximidad es esencial para la vida de nuestras ciudades. Las ciudades y pueblos que pierden su comercio se vacían de vida y se convierten en espacios donde solo sobreviven las grandes cadenas y aplicando estas políticas nefastas pronto nos encontraremos con barrios sin tiendas.
Si observamos los datos, referidos a empresas con asalariados, que se extraen de las estadísticas de “Empresas inscritas en la Seguridad Social”, en diciembre del año 2018, había en España 1.341.932 pymes con asalariados (1-249 asalariados), de las cuales 1.161.131 eran Microempresas (1-9 asalariados). En 2024, cinco años después, teníamos 39.456 menos. Y con estas políticas sin flexibilidad alguna veremos cuantas van a poder sobrevivir.
Según el barómetro del Consejo General de Gestores Administrativos 700.000 pequeños y medianos negocios cerraron en pérdidas en 2023, unos 600.000 siguen con serios problemas de liquidez, y el 26% aumentó el endeudamiento durante ese año. El nivel de resistencia de muchos de ellos está al límite y 2025, con las incertidumbres que se nos están planteando, puede ser la puntilla para muchos de ellos.
La presión fiscal, el aumento de las cotizaciones sociales, y el encarecimiento de las materias primas han disparado los gastos totales en los últimos años, poniendo contra las cuerdas a las pymes y las micropymes. Para hacer frente a esta situación muchas pymes, y especialmente las micropymes, se han visto obligadas a acudir a la financiación. Esta presión fiscal en España es bastante superior que en el resto de Europa y así difícilmente podremos ser un país competitivo. Y más, estando a la cola en competitividad fiscal dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), siendo uno de los países menos competitivo fiscalmente.
Cometemos un grave error como país permitiendo que se destruya el Diálogo Social y además el gobierno incumpla su compromiso de democratizarlo, para que las pymes podamos tener voz propia e independiente, y las empresas puedan elegir libremente a sus interlocutores sociales. Cometemos un grave error, también, dejando que generen una guerra entre empresas y trabajadores que no beneficia a nadie.
Ha llegado el momento de que las pymes y autónomos digamos basta. No permitamos que las políticas antiempresa hundan al 99,8% de nuestro tejido empresarial, que es lo que suponemos las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, que además creamos dos de cada tres empleos del sector privado.