Granollers, con cerca de 66.000 habitantes, no escapa a esta crisis residencial, hecho que provoca la marcha de ciudadanos hacia otras localidades. Es una de las principales preocupaciones de los granollerenses; para quienes no se pueden permitir una vivienda en solitario, la alternativa es compartir pisos en condiciones precarias, con alquileres abusivos y situaciones de hacinamiento en habitaciones que cuestan entre 300 y 500 euros de media. Esta problemática se ha convertido en un reto constante para los servicios sociales, que ven cómo las medidas adoptadas, como la limitación de precios en municipios tensionados, no han conseguido frenar la escalada de costes ni garantizar el acceso a una vivienda digna. Estas restricciones han tenido el efecto contrario: desincentivar la inversión y reducir todavía más la oferta disponible.
El problema del acceso a la vivienda no es un fenómeno aislado de Granollers ni de Cataluña. En conjunto, sufre una crisis estructural en este ámbito, agraviada por una regulación excesiva que limita el suelo urbanizable. A pesar de los anuncios del Gobierno de la Generalitat sobre la construcción de nuevas viviendas, la realidad es que las promesas se han quedado en titulares mediáticos sin impacto tangible en la oferta de vivienda.
Es imprescindible un cambio de rumbo. Liberar suelo público, flexibilizar la normativa urbanística e incentivar la construcción de nuevas viviendas; son medidas urgentes para ampliar la oferta y estabilizar los precios. El exceso de burocracia solo retrasa las soluciones y desincentiva la inversión privada, cuando lo que se necesita es precisamente lo contrario: un mercado dinámico que favorezca el acceso a la vivienda a precios razonables. La actual gestión del problema residencial en Granollers ha demostrado ser ineficaz, y el Gobierno Local se dedica a fabricar continuamente titulares de prensa, sin entrar en la realidad del coste real de la vivienda. Es un trabajo pendiente elaborar un nuevo Plan de Vivienda Local (PLH), teniendo en cuenta que el anterior del periodo 2019-2023 ya caducó, y todavía no se ha puesto la primera piedra del nuevo.
Además, es fundamental replantear el papel de las administraciones en la gestión de la vivienda. Mientras el Gobierno y algunos sectores políticos señalan a los propietarios y los fondos de inversión como culpables del problema, se ignora que la mayoría de viviendas de alquiler pertenecen a familias que buscan rentabilizar su patrimonio de manera legítima. En cambio, la inseguridad jurídica, con normativas que favorecen la ocupación ilegal y dificultan los desalojos, ha llevado a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado, un fenómeno que es más una consecuencia que una causa del problema residencial.
El control de precios y las medidas de intervención en el mercado han demostrado ser un fracaso en Cataluña. Históricamente, estos controles han generado mercados paralelos, reducción de la oferta y mayores dificultades para acceder a la vivienda. Se tiene que dejar de insistir en recetas falladas, hay que apostar por soluciones.
Por otro lado, no se puede ignorar que el problema de la vivienda también está vinculado a la carencia de crecimiento económico y la estancación de los salarios. Sin medidas que impulsen la economía y mejoren los ingresos de los ciudadanos, cualquier solución será insuficiente. Hay que destacar que hay una gran diferencia entre el que se puede pagar y el que no.
En definitiva, la solución al problema de la vivienda en Granollers no pasa por más intervención del Gobierno de la Generalitat ni por medidas populistas, sino por un enfoque basado en la realidad del mercado. La vivienda se ha convertido en un privilegio en lugar de un derecho accesible. Es el momento de abandonar la demagogia y adoptar medidas eficaces que permitan a los ciudadanos acceder a una vivienda digna sin que se convierta en una pesadilla económica.