Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron en 23 de las 25.461 manifestaciones celebradas en 2013

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron que intervenir en 23 de las 25.461 manifestaciones que se celebraron en España en 2013, según los datos de la Dirección General de Policía que Antonio Trevín, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, presentó este lunes en el marco del Foro Servimedia-Comunicación sobre ‘Le Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal’. Según el diputado por el Grupo Parlamentario Socialista Antonio Trevín, quien asegura que la Ley de Seguridad Ciudadana es una norma innecesaria “sin un solo dato que la justifique”. El PP responde y asegura que es necesario actualizar las normas para que sigan siendo eficaces y se adapten a la sociedad española actual.



Trevín afirmó que “no hay ni un sólo dato que justifique que se vaya a mejorar la seguridad”. “Es lógico sospechar que algo falla cuando los datos dicen que en el año 2013, de las 25.461 manifestaciones realizadas sólo actuó la fuerza pública en 23”, insistió. En su opinión, la Ley de Seguridad Ciudadana está “justificada en disculpas inexistentes” y es “desproporcionada en lo punitivo y en el control gubernativo de la calle, que convierte a la persona que protesta en ciudadano bajo sospecha, y que esquiva leyes internacionales y la Constitución de 1978 para conectar con la teoría franquista del orden público”.

Según el diputado, la Ley, que entró en vigor el pasado 1 de julio, no supone “una preocupación ciudadana”, tal como reflejan las encuestas del CIS, que recogen que “sólo el 0,1% de los ciudadanos se preocupa por la seguridad”. A su juicio, la nueva norma va “claramente en sentido contrario a la jurisprudencia del constitucional”, desarrollando “un régimen sancionador al margen del control judicial”.

EL Foro Servimedia-Comunicación ‘Ley de Seguridad Ciudadana y reforma del Código Penal’ estuvo moderado por Arturo San Román, director de Servimedia-Comunicación, y contó asimismo con la participación de Juan Antonio Toro Peña, titular del Juzgado de Instrucción nº 36 de Madrid; Francisco Márquez de la Rubia, diputado por el Grupo Parlamentario Popular; Fernando Lambea, del Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo; Sonia Olea Ferreras, del equipo de Incidencia de Cáritas y miembro de la Plataforma del Tercer Sector; y Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional.

Francisco Márquez de la Rubia alegó por su parte, que el hecho de que España “tenga un índice de delitos de los más bajos de Europa no quiere decir que no haya que hacer nada”, sino que siempre es necesario “adaptar las normas para que sigan funcionando y sirvan para el futuro”. En este sentido, apuntó la necesidad de actualizar la ley existente que, “con más de 23 años de vigencia, contaba con escaso desarrollo normativo”, además de matizar que la nueva norma no incrementa las sanciones económicas que se recogían en las leyes actuales, sino que “divide en categorías” las sanciones que se aplican.

El diputado popular negó que la ley reste garantías judiciales a los ciudadanos. A su juicio, la ley “pone trabas a aquellos que quieren reventar manifestaciones”, permitiendo que “quien quiera pueda manifestarse dentro de la normativa legal y a salvo”, ya que no hay que olvidar que “en estos años conflictivos”, aunque “la mayoría de las manifestaciones se hayan desarrollado de manera pacífica”, “700 agentes y 800 civiles han resultado heridos en manifestaciones”.

En contraposición, Sonia Olea Ferreras destacó que la Ley de Seguridad Ciudadana es una de las razones para que España “no apruebe” los exámenes que desde Ginebra se le hacen en materia de derechos humanos. Según Olea, desde su asociación y múltiples entidades se rechaza la nueva norma por dos razones fundamentales: la disposición final que regula el rechazo en frontera, que “viola tanto el derecho interno español como una lista interminable de tratados internacionales referidos al derecho de asilo, refugio o trata de personas”, y la “criminalización de la pobreza” que se deriva, entre otros aspecto, de infracciones leves como la “dirigida a hombres y mujeres sin hogar”, que supone una sanción de entre 100 y 600 euros por vivir en la calle.

Por su parte, Fernando Lambea explicó que el Defensor del Pueblo ha emitido con carácter preventivo una serie de recomendaciones “para que los parámetros de aplicación de la ley se ajusten a los criterios del Tribunal Constitucional” y para “que se dicten instrucciones que aclaren aspectos de la ley que no están suficientemente desarrollados, que pueden plantear dudas sobre aplicaciones que sean contrarias al ejercicio de los derechos fundamentales”. En el caso de las manifestaciones, afirmó que “cuando se sanciona a alguien en una manifestación normalmente no se tiene en cuenta que está ejerciendo un derecho fundamental”, y esto puede suponer, según dijo, uno de los puntos conflictivos de la aplicación de la nueva norma.

Desde un punto de vista más técnico, Juan Antonio Toro Peña señaló que “existe una sentencia del Tribunal Supremo que regula este aspecto”, y al que se ajustará la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Para Toro, la puesta en marcha de la nueva ley “era necesaria”, porque responde al planteamiento de justicia que se deriva del Tratado de Lisboa, reconociendo “la presunción de inocencia”, y que no vulnera la tutela judicial efectiva, ya que “permite al ciudadano realizar alegaciones antes de que se inicie el procedimiento sancionador”, además de recurrir judicialmente.

Virginia Álvarez afirmó que la norma “busca clarísimamente la desmovilización" y es "la respuesta” (del Gobierno) a las protestas ciudadanas. Álvarez indicó que la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal han coincidido en un momento clave en el que “la gente ha salido de manera masiva a la calle para protestar contra los recortes en derechos que estaba realizando el Gobierno utilizando la escusa de la crisis económica", y que "uno de los problemas de la nueva ley es que no quepa la posibilidad de manifestación espontánea pacífica".