NO SOLO LE COMPETE AL GOBIERNO CENTRAL
• La entidad alerta de que España incumplirá su propia legislación sobre accesibilidad en bienes e infraestructuras de interés público en 2017
Redacción | Sábado 16 de julio de 2016
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) exigió este viernes a las comunidades autónomas que mejoren la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “porque no sólo compete al Gobierno central, sino a todas las instituciones y agentes sociales”. Así se manifestó el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en la ‘II Conferencia CERMI Territorios 2016’, celebrada en la sede de Fundación ONCE, con el fin de abordar diferentes cuestiones de actualidad para el movimiento de las personas con discapacidad.
A juicio de Pérez Bueno, en ocasiones hay administraciones que tienen la sensación de que la Convención de la ONU debe ser aplicada sólo por el Gobierno central al haber sido ratificada por el Estado. “La Convención obliga por igual a todos los focos y dimensiones de poder que la han hecho suya, y sin duda hay un papel importante de las comunidades autónomas”, agregó.
Precisamente, el presidente del CERMI hizo un llamamiento para que el décimo aniversario de la Convención, que se celebra este año, sirva para desarrollar acciones para exigir que se acelere el proceso de cumplimiento por parte de España del texto de la ONU. En su opinión, hay que actualizar toda la legislación autonómica y aprobar las leyes necesarias para dar cumplimiento a la Convención. Además, apuntó que se debe difundir en mayor medida la existencia y la utilidad de la Convención, puesto que “todavía es una herramienta poco conocida”.
El máximo representante del CERMI destacó que “el movimiento asociativo de la discapacidad debe hacer una reconversión de todos sus recursos”, puesto que “tenemos que ser muy proactivos en el diseño de procesos de migración” para cumplir también internamente la Convención de la ONU. Así, recordó que la Convención no reconoce la educación especial como educación inclusiva, por lo que pidió que las entidades vayan modificando en la medida de lo posible los recursos internos para caminar hacia un único modelo de enseñanza inclusivo para todas las personas.
Por otro lado, el secretario general del CERMI, Alberto Durán, puso de relieve la importancia de que “exista unidad en el movimiento de la discapacidad”, y reclamó que el contexto político actual “no sirva para que las demandas de las personas con discapacidad queden aparcadas”.
Por su parte, la delegada del Cermi para la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Leonor Lidón, abordó los principales aspectos analizados por la entidad en el ‘Informe Cermi sobre derechos humanos y discapacidad 2015’. El trabajo recoge anualmente las principales vulneraciones de derechos que sufren las personas con discapacidad en España, así como ejemplos de buenas prácticas.
Según explicó Lidón, el informe comienza siempre con una referencia a la dignidad, tal y como hace la Convención de la ONU. “Por vida digna se entiende que cada persona pueda realizar sus planes de vida, y es a esto a lo que debe dar respuesta el derecho”, remachó la delegada del Cermi.
INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD
Por otra parte, Teresa Palahí, comisionada de CERMIS Autonómicos, lamentó que España vaya a incumplir la legislación aprobada en 2003 sobre la no discriminación de las personas con discapacidad, que obligaba a que al término de 2017 todas las infraestructuras y bienes de interés público fueran plenamente accesibles para este grupo social.
La también secretaria general de Fundación ONCE criticó que todavía existan comunidades autónomas en las que no se ha aprobado una ley de accesibilidad, algo que hace que no se puedan presentar denuncias cuando no se respetan los derechos de las personas con discapacidad, puesto que no se infringe ninguna normativa.
Eso sí, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, señaló que “todavía hay un año y medio por delante para trabajar con el fin de mejorar todo lo posible”. En su opinión, este período debe servir también para poner de manifiesto públicamente los incumplimientos que se vayan materializando conforme se acerque el final del plazo legal.
Además, representantes de diferentes CERMIS Autonómicos analizaron ejemplos de buenas prácticas en su autonomía, como el nuevo Plan de Accesibilidad de Metro de Madrid, que fue presentado la semana pasada, con el fin de que el suburbano sea cada vez más accesible para todas las personas.
En todo caso, la presidenta de CERMI Comunidad de Madrid, Maite Gallego, recordó que para llegar hasta este punto han tenido que celebrar muchas reuniones, acudieron a la justicia y celebraron una concentración el pasado mes de diciembre denunciando el incumplimiento de la Consejería de Transportes, que debería haber realizado las reformas necesarias para que las estaciones de mayor afluencia y con correspondencia de varias líneas fueran accesibles en 2014.
A renglón seguido, la presidenta de la Comisión de la Mujer del CERMI Estatal y presidenta del Cermi Aragón, Marta Valencia, realizó un llamamiento a todos los responsables de la entidad para reforzar el trabajo en favor de la población femenina con discapacidad, para lo que en su opinión, sería “positivo” que todos los CERMIS Autonómicos crearan una Comisión de la Mujer. Además, agradeció el apoyo que se está dando por parte de la organización en las comunidades autónomas a la Fundación CERMI Mujeres.
Durante el encuentro celebrado en Fundación ONCE, también se comunicó la fecha del ‘Congreso de Cermis Autonómicos’, que tendrá lugar este año del 6 al 8 de noviembre en Logroño, organizado por CERMI La Rioja con el apoyo de la entidad a nivel nacional.
Por último, Luis Alonso, comisionado adjunto de CERMIS Autonómicos, destacó la “importancia” de la participación de los CERMIS Autonómicos en la dimensión territorial de la nueva programación de fondos europeos, algo en lo que coincidieron María Tussy, jefa de la Unidad de Programas Europeos de Fundación ONCE, y José Aguilar, perteneciente también a esta entidad. En concreto, se expusieron los casos de Cermi Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja, que sirvieron para evidenciar el papel de la entidad para contribuir a mejorar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.