El objetivo, trasladarle de forma directa una serie de consideraciones jurídicas sobre la polémica privatización del SOJ MUNICIPAL: tanto el “Servicio de Orientación Jurídica Gratuita Generalista para personas usuarias de los Centros de Servicios Sociales y de los Centros Municipales de Mayores” como del “Servicio de orientación jurídica en materia de extranjería y en supuestos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia”.
ALTODO no entiende que estos servicios fuesen sacados a concurso público, el primero por Manuela Carmena y el segundo ya por el actual alcalde, siendo adjudicados ambos al bufete privado LAW AND BUSINESS ENTERPRISES WORLDWIDE S.L (“LABE Abogados”).
No es fácil asimilar que se arrebate la gestión de un servicio de esta naturaleza e incluso solera al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que venía prestándolo desde 1989, durante más de tres décadas ya. Y así considera buena parte del Turno que debería seguir siendo, sin entregar el mando “al mejor postor”.
Desde una óptica que trasciende consideraciones políticas o ideológicas, ALTODO entiende que estos servicios a los ciudadanos deben ser prestados por una Corporación de Derecho Público, como es el ICAM, algo que con anterioridad ya habían trasladado de forma expresa e inequívoca al Decano, José María Alonso.
Reconsidere o no su posición el ayuntamiento de Madrid cara a futuras convocatorias, con esta iniciativa, ALTODO vuelve a acreditar que no deja de estar, año tras año, en la promoción de los intereses y la defensa de los derechos de los abogados que dan cobertura, con frecuencia, a ciudadanos especialmente vulnerables. Que cada cual saque sus propias conclusiones.