El proyecto Castor iba a ser una de mayores reservas estratégicas de gas del Estado. Se encargó a distintas empresas de Florentino Pérez su construcción, pero una falla no contemplada por parte de las promotoras en un raquítico estudio de impacto ambiental provocó más de 500 terremotos que se dejaron sentir ampliamente en Castellón y Tarragona, con miles de vecinos durmiendo fuera de sus hogares por miedo. El proyecto se cerró definitivamente pero el acuerdo firmado entre Florentino y la entonces secretaria de Estado de Cambio Climático Teresa Ribera, hoy Vicepresidenta del Gobierno de Sánchez, nos obliga a todos los hogares a compensar al presidente del Real Madrid con un extra en el recibo del gas.
LA RESERVA DE GAS QUE NUNCA FUE
Estos días estamos asistiendo a una subida imparable del precio del gas que está arrastrando al recibo de la luz y arruinando a cientos de empresas que utilizar este vector energético diariamente, como las cementeras o azulejeras. La coyuntura geopolítica y el interés de muchas empresas gasísticas parece que van a seguir con nosotros en lo que se prevé que será un invierno caro y oscuro.
Con previsión a este tipo de situaciones, algunos países suelen tener reservas estratégicas de gas. Despensas a las que ir a coger el gas si la problemática internacional se complica. Así nace Castor, aprovechando el hueco que dejó en el subsuelo una antigua zona de explotación petrolera. Allí se inyectaría gas licuado para tener disponible cuando hiciera falta.
De la construcción de este almacén de gas, una gran infraestructura aérea, oceánica y subterránea se encargaría Escal UGS SL, una filial de Florentino Pérez que supo jugar muy bien sus cartas. Si el proyecto salía bien, el beneficio era para la empresa; si el proyecto salía mal, también pagaríamos a Florentino. Al otro lado firmaba el Gobierno de España con el visto bueno de Teresa Ribera que además dio un visto bueno medioambiental que jamás debió otorgarse.
Cuando comenzó la inyección de gas en el subsuelo, una falla geológica no estudiada empezó a vibrar, provocando cientos de terremotos que se dejaron sentir de Peñíscola a Tarragona haciendo a la gente salir de sus hogares durante meses. El proyecto se denunció, clausuró temporalmente y al final se decidió cerrarlo para siempre.
LA NEGOCIACIÓN DE FLORENTINO PÉREZ
El Tribunal Supremo reconoció al Banco Santander, CaixaBank y Bankia el derecho a recibir del Estado la indemnización de 1.350 millones de euros a la promotora del fallido almacén Castor que esas tres entidades adelantaron en 2014 para compensar a la constructora ACS de Florentino por el cierre de la infraestructura tras la sucesión de seísmos.
El Gobierno utilizó en plena pandemia un decreto ley con medidas sociales, como las desgravaciones fiscales a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), para dar luz verde al pago de 1.350 millones de euros de la deuda por el proyecto Castor.
Desde 2016 y durante los próximos 25 años, en cada recibo del gas de los hogares de España pagan un extra de casi 2 euros al mes para devolver este dinero. La ecuación es sencilla al multiplicar la paga mensual con los años y nos sale a cada hogar unos 600 euros, unos 200 euros de media por ciudadano.
Hemos conocido que el sellado definitivo de esta colosal infraestructura lo está haciendo Enagás, la Empresa Nacional del Gas que además recibirá 70 millones de euros del Gobierno para culminar el trabajo y sobre la que conocíamos recientemente una estrecha relación de Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica y su hija Natalia Fabra, asesora directa de Teresa Ribera y también consejera de Enagás.
Demasiadas casualidades y demasiado dinero a costa de todos los españoles a los que no sabemos si Florentino enviará una postal navideña de agradecimiento.