La comisión no ha reconocido un acuerdo económico, tan sólo político como puede comprobarse en el breve comunicado que ha difundido. El resumen es que no hay nada cerrado y que las negociaciones continuarán.
Pero el fiasco más clamoroso está en la propuesta del Ejecutivo, obstinado en que la diferencia entre el precio de mercado de las gasistas y el tope que se va a imponer, se devolverá a las empresas que comercializan el combustible fósil. Y son, precisamente, las gasistas y petroleras las que han visto engordar sus cuentas de resultados al calor de la crisis generada por la invasión de Rusia.
Pero en esta vida nada es gratis, por lo que el dinero acabará saliendo de las cartillas de ahorro de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que las eléctricas tienen vendida el 80 % de su producción a través de contratos a largo plazo, con precios fijos. Es decir, que no están sujetas a los vaivenes del mercado, ajenas a la subida desorbitada de precios que hemos visto en los últimos meses. Sí afecta a aquellos que están en la tarifa regulada, que no es fija, y que cada día, cada hora, pagan el precio de la electricidad como dicta el mercado. En total, consumen el 20% restante de la demanda eléctrica. Hay que dejar claro que esta circunstancia sólo se da en España porque el Gobierno quiere que sea así.
El precio de la electricidad se dispara cuando la producción de energía a través de renovables no es suficiente para responder a la demanda y se hace necesario quemar gas para generar fluido. Basta con que entre un sólo metro cúbico de gas para que el precio se dispare.
Los altavoces mediáticos del Ejecutivo se han apresurado a difundir a los cuatro vientos las bondades de la medida europea como si se tratase del bálsamo de Fierabrás. Incluso, apuntan que la medida acabará con la losa de la inflación. Todo el que sabe un poquito del mercado eléctrico ve claro que la inflación sólo proyecta una subida del precio electricidad del 20 % de la demanda y no del resto. Es decir, que está mal calculada.
Lo único que se saca en limpio de este rebalón del Ejecutivo es que, al final, serán los ciudadanos los que paguen de sus bolsillos el dinero que las gasistas van a dejar de ingresar.
Pedro Sánchez y la ministra de Transición Ecológica pueden hacer suya las amenazas de Podemos a las eléctricas pero la única realidad es que los denominados beneficios caídos del cielo no existen. Basta con echar un ojo a las cuentas de resultados para observar que aquellas empresas que juegan en otros mercados, más allá del ibérico, compensan lo dejan de ganar en España. Es muy evidente.
Pero, vamos, si alguno duda sobre el fiasco del Gobierno basta con volver a la comunicación oficial de la Comisión para entenderlo:
“La vicepresidenta ejecutiva Vestager mantuvo una buena y constructiva reunión con la vicepresidenta del Gobierno Ribera y el ministro Cordeiro. Discutieron las medidas temporales de emergencia en el mercado eléctrico propuestas por España y Portugal.
En consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo, la Comisión apoya los esfuerzos de España y Portugal para ayudar a la economía en un contexto de precios elevados y sostenidos de la energía en toda la UE tras el injustificado ataque de Rusia a Ucrania.
La reunión nos ha permitido alcanzar un acuerdo político de principio con las autoridades españolas y portuguesas que les permitirá adoptar medidas proporcionadas y temporales para hacer frente a los niveles de precios de la electricidad, mantener los incentivos para la transición energética sostenible y preservar la integridad y los beneficios del mercado único. Los contactos continuarán ahora a toda velocidad a nivel técnico.
Ello es consecuencia de las intensas y constructivas conversaciones mantenidas en las últimas semanas entre la Vicepresidenta Ejecutiva Vestager, el Comisario Simson y las autoridades españolas y portuguesas”. Pues eso, que todo está por concretarse.