Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la contratación de personas con discapacidad en nuestro país creció un 32% en 2021, rozando la cifra alcanzada en 2019 y situándose a un 3% de distancia de ella. Estos datos apuntan no solo a que la recuperación económica prepandemia está cada vez más cerca, sino que la sociedad continúa concienciada sobre la necesidad de potenciar la inserción en el mercado laboral de personas pertenecientes a colectivos vulnerables.
Esta progresiva recuperación resulta muy optimista para las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión que quieren formar parte del tejido empresarial y aspiran a tener un trabajo estable. Asimismo, para proteger los derechos humanos y fomentar un desarrollo igualitario, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece que las empresas, tanto públicas como privadas, que cuentan con un equipo de 50 o más trabajadores, están obligadas a reservar un mínimo del 2% de los puestos de trabajo para contratar personas con discapacidad.
Esta normativa, además de suponer un avance hacia la normalización en el mercado laboral de las personas que forman este colectivo, ofrece una serie de ventajas para las empresas que lleven a cabo una política de contratación inclusiva.
¿Qué beneficios existen por contratar a personas con discapacidad en mi empresa?
Si decidimos contratar a una persona con discapacidad podremos asegurarnos importantes beneficios económicos, además de estar fomentando su inclusión profesional y demostrar que nuestra empresa es una empresa con valores, comprometida con las personas y que se preocupa por fomentar la justicia social. De este modo, por un lado, las empresas colaboran con la sociedad y a la vez perciben ciertas ventajas
En este sentido, las empresas que contraten personal con discapacidad pueden acceder a una serie de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad.
Asimismo, pese a que, hoy en día sigue siendo un beneficio fiscal desconocido para muchas empresas, la Ley del Impuesto de Sociedades (LIS) regula la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad que permite aplicarse una deducción de 9.000€ o 12.000€ por cada trabajador contratado según su grado de discapacidad.
Cabe destacar que, en caso de que los contribuyentes no se hayan beneficiado de esta deducción, de acuerdo con la propia normativa aplicable y la Doctrina de la Dirección General de Tributos, es posible realizar una regularización de los últimos diez períodos impositivos. Conforme con lo anterior, se debe analizar el crecimiento de la plantilla de trabajadores con discapacidad y los requisitos que deben cumplir éstos, según la normativa vigente en el periodo impositivo que se analice, ya que el artículo que regula dichos requisitos en la LIS ha ido evolucionando en los últimos diez años.
El motivo principal de las ayudas económicas a las empresas es fomentar la contratación de personas que padezcan cualquier discapacidad y para lograrlo, estas recibirán, en caso de ser necesario, una subvención destinada a facilitar la adaptación al puesto de trabajo, eliminando los posibles obstáculos que dificulten la labor de la persona contratada.
¿De qué manera puedo obtener estas ventajas?
Para poder conseguir todos estos beneficios, muchas empresas optan por acudir a expertos que les asesoren con el objetivo de obtener el máximo ahorro fiscal. En este aspecto, se ofrecen soluciones personalizadas que incluyen la revisión y el análisis de la documentación de los trabajadores con discapacidad para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos, la elaboración de informes técnicos que soporten el derecho a la deducción o la prestación de asistencia en caso de haber una inspección tributaria.
Lo que está claro es que contratar a personas con discapacidad ofrece grandes beneficios a todo el equipo, económicos y humanos, reforzando la política de igualdad y el compromiso social corporativo. Conseguir la plena inclusión en el mercado laboral es un objetivo a largo plazo que implica a todas las empresas y Organismos. Y contar con este tipo de deducciones por parte de la Administración Pública es clave para alcanzar un futuro más justo e inclusivo.
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