Prioridades recogidas en el consenso de Cornwall con el cual las potencias occidentales buscan reemplazar el Consenso de Washington, que impusieron las administraciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, cuando adoptaron las políticas económicas neoliberales que han profundizado el crecimiento desbordado de los índices de pobreza y de desigualdades en el mundo.
Por obvias razones la llamada cuarta revolución industrial verde del consenso de Cornwall, cuyo el eje central es sustitución de los combustibles fósiles, el cambio climático y las energías limpias ha sufrido un profundo revés. Un revés generado por la crisis económica global como consecuencia de la guerra en Ucrania. Guerra que por las cascadas de sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia han desencadenado alza inflacionaria, crisis en las cadenas de suministros y una galopante crisis energética global, dado que Rusia es la principal potencia energética del mundo.
Sanciones que en relación con los combustibles fósiles están generando cambios sustanciales en las políticas energéticas globales. Indudablemente que esos cambios implican que el presidente Petro, también de adoptar cambios en sus planteamientos sobre la política energética que piensa desarrollar en su Gobierno.
El presidente Petro inicialmente planteó un cese en las exploraciones, pero no acabar con la producción petrolera, ni carbonera del país, tampoco ha dicho que va a acabar con empresa petrolera estatal de Ecopetrol, sino que se va a diversificar su producción energética. Por consiguiente, la reforma energética que se propone desarrollar no implica parar las explotaciones y las exportaciones de petróleo, gas y carbón, sino diversificar el sector energético con una política de producción de energías limpias solar y eólica.
Es obvio que la crisis energética mundial es una oportunidad que se debe aprovechar, pero también debe servir para impulsar la diversificación del sector energético colombiano.
Ahora el cuanto América Latina su propuesta debe encaminarse que las reservas de petróleo y gas de Venezuela, Méjico, Bolivia, Brasil. Las reservas de carbón de Colombia, las reservas de litio de Bolivia, Perú y Chile; las reservas de cobre de Chile y otros recursos mineros de los países latinoamericanos se conviertan en recursos mineros estratégicos de la región. Su propuesta debe estar direccionada a consolidar un bloque económico minero energético fuerte y estratégico en América Latina. Por un lado, para asegurar la seguridad energética regional con la integración de la generación, transformación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Del otro una fortaleza política y estratégica regional importante en el contexto mundial.
De hecho, plantear a partir de esa declaración de recursos estratégicos regionales, una estratégica política de integración energética latinoamericana con las uniones de las redes de transmisiones eléctricas, oleoductos y gasoductos desde México hasta Argentina. Acompañada de la creación de un banco de inversiones energéticas para desarrollar esa política y ahora si comenzar una política gradual hacia las energías complementarias como la solar y la eólica.
La integración energética latinoamericana no es una iniciativa nueva debido a que se ha venido consolidando desde hace décadas. No se trata de una propuesta de integración de la infraestructura energética, basada en las afinidades ideológicas de los gobernantes de turno, sino unas conexiones energéticas estratégicas de los estados latinoamericanos por encima de las ideologías de sus gobernantes de turno.
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